Tras el análisis de la situación en la que se encuentran las salas de terapia intensiva del país, la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva se declaró este lunes en emergencia nacional y advirtió que dadas las condiciones actuales el sector no podrá enfrentar las previsiones oficiales del Gobierno que estiman que hasta fines de julio en Bolivia se registrarán 100.000 casos del nuevo coronavirus (COVID-19).
“En la reunión virtual se analizó la falta de cumplimiento de las autoridades a las promesas de fortalecer las unidades de terapia intensiva, además de no atender nuestras convocatorias. Ahora vemos que en las actuales condiciones no podremos enfrentar los pronósticos del Ministerio de Salud, dónde, con qué equipos y recursos humanos vamos a atender a miles de pacientes críticos, no estamos en condiciones y nos declaramos en emergencia nacional”, declaró a La Razón Digital el presidente de la Sociedad, Adrián Ávila.
En el encuentro de especialistas realizado anoche se elaboró un documento de ocho puntos que se hará público, además se adjuntará con una carta para la titular de Salud, Eidy Roca.
‘Estado catastrófico’
Ávila lamentó que, pese a la advertencia que realizaron en marzo, para que el Gobierno implementara más camas de terapia intensiva en los hospitales de los nueve departamentos, no se hizo casi nada. “De las 490 camas, apenas se aumentaron 30 y ni qué decir del equipamiento y recursos multidisciplinarios, estamos en un estado catastrófico”, enfatizó.
Como ejemplo indicó que en el departamento de La Paz solo hay 10 camas de terapia intensiva, seis del hospital La Portada y cuatro en el Hospital del Norte en El Alto y todas están ocupadas con pacientes críticos.
Pero no solo faltan camas de terapia intensiva, también falta equipamiento de estas salas y personal multidisciplinario para la atención en estos espacios. Ávila denunció que el Gobierno está procediendo a contratar a los especialistas solo por el tiempo de la pandemia o a egresados de medicina.
Otros puntos que exige el sector son la estabilidad laboral de los profesionales de salud, la realización de pruebas COVID-19 a todo el personal de los establecimientos de atención sanitaria, la dotación de material de bioseguridad a todos los profesionales y trabajadores, así como una condena a los partidos políticos por politizar la pandemia y evitar ejecutar acciones técnicas.
También llaman a la población a cumplir las medidas de bioseguridad y las restricciones impuestas para evitar que el virus sigan su expansión; advierten que los médicos no se hacen responsables de las complicaciones de los pacientes y, por último, convocan a las autoridades a sentarse en una mesa para elaborar estrategias que mejoren la contención del virus.
