Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció que en Bolivia el gobierno de Jeanine Áñez aplica una especie de “persecución” con medidas “totalmente desproporcionadas” contra ciudadanos o periodistas.
“En el Gobierno actual (he mandado cartas y ya lo he dicho) hay una suerte de persecución basada en la pertenencia ideológica de personas o periodistas, con medidas y salidas totalmente desproporcionadas”, afirmó en Un café con Edison Lanza, una actividad organizada por la comunidad periodística Connectas, en la que participó La Razón.
Puso como ejemplo el caso del periodista cruceño Junior Arias, de la red Gigavisión y del portal de Facebook “Detrás de la verdad”, quien se vio obligado a dejar temporalmente su trabajo en el canal debido a las amenazas que dijo haber recibido por la denuncia sobre irregularidades en la compra de materiales antimotines a través de un intermediario, por parte del Órgano Ejecutivo.
Mediate un comunicado tras la denuncia, el Ministerio de Gobierno advirtió: “Repetimos: es una falsedad y no vamos a descansar hasta que el Sr. (Junior) Arias rectifique y restaure la dignidad e imagen de las personas dañadas”. La conminatoria provocó una serie de críticas por parte de autoridades nacionales y organismos internacionales.
AMENAZA. “Hay salidas desproporcionadas y la más reciente es el hecho de una presunta corrupción en la compra de gases antimotines. La respuesta (del Gobierno) es una guerra de desinformación, un concepto inapropiado y desproporcionado, que viniendo de un ministro crea un efecto inhibitorio y una amenaza”, alertó el Relator Especial de la CIDH.
Ante la presión local e internacional, el gobierno de Áñez tuvo que retroceder en normas que penalizaban la “desinformación” relacionada con el coronavirus. Una de esas disposiciones establecía que las “personas que inciten el incumplimiento del presente decreto supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.
“Hay varios ejemplos de esta situación (en Bolivia), como varias personas fueron detenidas, el decreto que intentaba criminalizar la desinformación, procesos contra ciudadanos y también declaraciones contra medios de comunicación y periodistas”, denunció Lanza en el foro virtual.
Sostuvo que hay una tendencia en varios gobiernos de desacreditar a periodistas. “Restringir la libertad de expresión y socavar el rol de la prensa y algunos periodistas en particular para que la población no les crea o no les escuche… El COVID-19 marca un desafío para las libertades en la región”.
