La Defensoría del Pueblo denunció que unos 40 migrantes bolivianos, y dos colombianos, entre los que se encuentran menores de edad y adultos mayores, quienes llegaron desde Brasil hasta la población fronteriza de Arroyo Concepción, se encuentran en situación de abandono desde el 12 junio.
Los connacionales fueron retenidos por la Armada Boliviana y la Jefatura Regional de Migración para cumplir una cuarentena en razón de que, supuestamente, no han seguido los protocolos de bioseguridad.
“Se verificó que el campamento improvisado para cumplir una cuarentena, exigida para entrar a territorio nacional, no cumple con las condiciones requeridas y que de pleno se constató la vulneración de derechos humanos de estas personas; en el lugar se evidenció que no se estableció áreas diferenciadas para el aseo personal, descanso u otros que deben responder a tratos mínimos de la dignidad humana”, indicó el coordinador regional de la institución defensorial en Puerto Suárez, Carlos Lara, según una nota de prensa institucional.
De acuerdo con la información, cuando las 40 personas llegaron a la frontera fueron impedidas de ingresar al país “mediante uso persuasivo de la fuerza de la policía y militares, debiendo soportar condiciones degradantes de vida, sin la atención y ayuda humanitaria obligando a dormir a los menores y mujeres en plena intemperie, sobre el asfalto y a orillas de la vía de tránsito de camiones de transporte pesado, entre mosquitos, en una zona endémica del dengue y otros insectos que habitan en el monte que les rodea”.
La Defensoría denunció que desde el día del arribo de las personas hasta la fecha, ninguna institución de salud se hizo presente para verificar su estado de salud, menos para hacer el registro y seguimiento sanitario en el marco de la cuarentena que cumplen “en condiciones infrahumanas”.
Vulneración de derechos
“La retención es en sí misma se constituye en vulneración al derecho a la circulación en territorio boliviano, ellos si bien no pasaron los retenes fronterizos, no significa que estén fuera del territorio boliviano; en los hechos significa que ingresaron al país pero sus derechos en este lugar están siendo vulnerados”, reclamó Lara.
Observó también que, si bien existen restricciones definidas en decretos supremos, éstos no pueden estar por encima de los derechos humanos consagrados en la Constitución, “y que las medidas y protocolos de bioseguridad para la prevención del COVID-19, deben cumplirse en condiciones dignas y humanas”.
Frente a la falta de atención, las personas bloquearon el puente de La Amistad en dos oportunidades, logrando que les provean de un toldo improvisado y dos carpas; posteriormente la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la Provincia Germán Busch les facilitó cuatro carpas pequeñas, y este viernes la Coordinación Regional de Puerto Suárez de la Defensoría del Pueblo entregó dos toldos con protectores laterales para completar las cubiertas faltantes.
“Se conoció también, que pese a las gestiones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Defensa Civil, no se les permitió ingresar a cumplir cuarentena en el albergue Germán Busch de Puerto Suárez. Ambas instituciones les entregaron víveres para cubrir dos días de alimentación”.
