La Defensoría del Pueblo calificó como desacertado el despido de más de 50 funcionarios de Régimen Penitenciario por parte del Ministerio de Gobierno y alertó que esta situación afecta los derechos fundamentales de los internos de las cárceles.
“Genera alarma la situación actual de los centros penitenciarios del país, hemos tenido conocimiento de la desvinculación de más de 50 funcionarios de Régimen Penitenciario, tanto de la oficina nacional como de los departamentos de La Paz, Oruro, Tarija, Beni y Potosí”, dijo Cruz.
Según la Defensoría, el Ministerio de Gobierno prescindió de los servicios de al menos 51 personas: ocho en la Dirección General de Régimen Penitenciario, (dos de ellos del área de salud, tres administrativos y tres del área de cómputo); en la oficina de La Paz, se retiró a 20 servidores públicos (dos del área economato, tres psicólogos, dos médicos, una enfermera, tres educadoras, dos odontólogos, dos trabajadores sociales, dos abogados y tres administrativos); en Potosí se despidió a 11 funcionarios, incluyendo personal de Tupiza y Uyuni; en Tarija a siete y en Beni a cinco servidores públicos.
“Llama la atención el caso del encargado de coordinar la región del Gran Chaco, quien además de ser persona con discapacidad, era el único responsable de las carceletas de “El Palmar” y Villamontes; asimismo, el caso del médico del penal de Mocoví en el Beni, quien además de atender casos de coronavirus dio positivo a esta enfermedad”, manifestó la Defensora.
Cruz dijo que esta medida es preocupante, más si se considera la situación que atraviesa la población penitenciaria por la propagación del coronavirus en los penales, “lo cual se refleja con 46 casos positivos confirmados y 15 decesos en el penal de Palmasola en Santa Cruz; 39 en Mocovi y un interno fallecido”.
“Recientemente, en la cárcel de San Roque en Sucre, se produjo un motín carcelario reclamando atención en salud y asesoría legal, ya que el personal de este recinto fue puesto en aislamiento tras producirse el deceso de una persona privada de libertad con síntomas de coronavirus y la confirmación de los casos positivos de un privado de libertad internado en el Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés de esa ciudad, además de los policías encargados de su custodia”, indicó.
Agregó que también preocupa la situación del personal de seguridad policial de los recintos carcelarios, como el de la carceleta de Bahía en Puerto Suárez, donde se presentó un caso; el fallecimiento de otro uniformado con síntomas del virus en Palmasola; y de otro efectivo que dio positivo en Morros Blancos en Tarija o el caso de un sargento que custodiaba la recinto de El Palmar en Yacuiba.
La defensora Nadia Cruz aseveró que los despidos retrasan los trámites para cumplir con el decreto de Amnistía e Indulto 4226, ya que las direcciones departamentales de Régimen Penitenciario son las encargadas remitir la carpeta de solicitud de esta concesión, y emite la resolución administrativa correspondiente.
La Defensoría ya pidió al Ministerio de Gobierno restituir a los profesionales desvinculados, a fin de garantizar tanto la atención en salud como evitar mayor retraso en los trámites de indulto y amnistía. Reiteró la exigencia de una declaratoria de emergencia penitenciaria a raíz de la propagación del COVID-19.
Además, solicitó a la Asamblea Legislativa fiscalizar las medidas asumidas por el Ministerio de Gobierno sobre al retiro de servidores los públicos, además de ver qué acciones lleva adelante sobre prevención y atención del coronavirus en los recintos carcelarios.
(23/06/2020)
