El pico más alto de la curva de contagios de coronavirus en el país, de acuerdo con un estudio elaborado por técnicos de los ministerios de Educación y Salud, se presentará durante la última semana de agosto y la primera de septiembre, por lo que ambas carteras de Estado emitieron un comunicado conjunto que hasta esas fechas no será posible reanudar las labores educativas presenciales o semipresenciales en todos los niveles.
La aplicación de ambas modalidades de estudios, de acuerdo con la valoración de funcionarios de ambas dependencias públicas, “implicaría un alto riesgo” de que el número de portadores del virus se “duplique o triplique” con el consiguiente colapso de los centros de salud, aunque médicos de diferentes regiones alertaron de que desde hace semanas se produce este problema y varios hospitales suspendieron la atención en consulta externa.
Según el documento de los dos ministerios, a fin de precautelar la salud de estudiantes, docentes, funcionarios administrativos, padres de familia y población en general, se ha decidido que las labores educativas bajo ambas modalidades no se reanuden mientras no haya informes sobre una reducción del número de casos positivos de COVID-19.
Por ello, indican las autoridades de ambos sectores, se elabora un riguroso protocolo de medidas de bioseguridad para ser aplicado en las unidades educativas del país.
Flexibilizar la cuarentena no significa —aseguran— que la pandemia vaya en retroceso, sino que, por el contrario, el número de infectados se mantiene en constante crecimiento.
El comunicado fue emitido horas después de que los maestros urbanos y rurales cumplieran una marcha de protesta para exigir la derogatoria del Decreto Supremo 4260, que establece las cuatro modalidades permitidas para impartir conocimientos en Bolivia: presencial, semipresencial, virtual y a distancia, además de la renuncia del titular de Educación, Víctor Hugo Cárdenas.
Sin embargo, impartir clases por internet plantea una serie de complicaciones que fueron puestas en evidencia por varios sectores sociales, en especial, las organizaciones agrarias, como de la provincia Omasuyos de La Paz o los ayllus del norte potosino, y asociaciones de padres de familia de ciudades, cuyos dirigentes apuntan que las dificultades técnicas y las limitaciones económicas para acceder al servicio, en especial en puntos alejados de los principales centros urbanos, son obstáculos insalvables para lograr tal propósito.
El decreto en cuestión fue emitido el 6 de junio, cuando se celebraba el Día del Maestro, ocasión en la que Cárdenas anunció que, para poner en práctica esa normativa, se emitiría la reglamentación correspondiente en el término de 30 días, plazo que fenecerá el lunes próximo.
Además, autoridades del Órgano Ejecutivo e, incluso, la presidenta Jeanine Áñez, sostuvieron en reiteradas ocasiones que la mayor cantidad de portadores del virus en Bolivia se presentará durante la segunda quincena de agosto, periodo muy próximo a la fecha dispuesta para la celebración de las elecciones nacionales, el domingo 6 de septiembre. El argumento fue utilizado para evitar la ley que autoriza el desarrollo de los comicios presidenciales para esa oportunidad.
Este comunicado establece un periodo más cercano a la jornada acordada para acudir a las urnas.
