El Gobierno determinó solicitar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una revisión de la Ley para la Atención Gratuita de Pacientes con COVID-19 en Clínicas Privadas, a tres semanas de que la Cámara de Senadores la sancionara.
«La Asamblea no ha hecho ninguna consulta (al Ejecutivo) y propone una ley que tiene varias contradicciones, primero de forma y luego de fondo; eso nos demuestra una total ignorancia en el manejo de las leyes, la Constitución Política y los términos técnicos», explicó el viceministro de Gestión Sanitaria, Miguel Ángel Delgado.
Las observaciones apuntadas por Delgado son que en la norma se use el término subsector en lugar de subsistema privado de salud y que la fuente de recursos para cubrir la atención en las clínicas privadas sean préstamos y donaciones internas y externas. «Ustedes conocen la actitud de bloqueo de varios préstamos que estamos haciendo, por parte de la Asamblea, lo que impediría que esta ley se ejecute de la manera más rápida y viable» dijo.
El Viceministro indicó que las alcaldías y gobernaciones también deberían ser tomadas como fuentes económicas para cubrir los gastos de atención de los pacientes en clínicas privados, pues es responsabilidad de estos niveles de gobierno la atención en primer, segundo y tercer nivel de salud.
Asimismo, afirmó que otro punto observado es que la norma no haya sido previamente consultada con el Órgano Ejecutivo, al igual que lo que pasó con la Ley para el Incentivo de Donación de Plasma, que también está paralizada en su promulgación y fue enviada por el Gobierno al TCP.
«No podemos seguir permitiendo que se emanen leyes que van en contra de la Constitución Política del Estado (CPE); esta ley implica una serie de gastos al TGN (Tesoro General de la Nación) y según el inciso 4, del Artículo 321 de la CPE, todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado debe primero contemplar la fuente de estos recursos y segundo si la ley no fue de iniciativa del Poder Ejecutivo debe requerirse una consulta previa a éste», declaró.
Delgado aclaró que de promulgarse la norma se producirían problemas jurídicos y económicos y que el Gobierno realiza gestiones para que el subsistema privado de salud se sume con estrategias conjuntas a la lucha contra la pandemia. «No nos oponemos al fondo de esta ley», precisó.
La norma sancionada por la Cámara de Senadores el 8 de julio prevé que los pacientes con COVID-19 sean atendidos en clínicas privados bajo costo del Estado, cuando no puedan ser atendidos por el sistema público de salud.
(31/07/2020)
