A diferencia de la clausura del año escolar en unidades educativas fiscales, los colegios particulares podrán coordinar la “formación complementaria” de los niños con los padres de familia y “no tienen por qué interrumpir sus actividades”.
Así lo aclararon por separado el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, desde su convalecencia de COVID-19, y el viceministro de Educación Regular, Limbert Ayarde.
En una entrevista con Bolivia Tv, Cárdenas dijo que las unidades educativas privadas “que tienen posibilidades de avanzar en educación”, tienen que acordar con los padres de familia ese propósito. Dichas unidades “no tienen por qué interrumpir su trabajo”, afirmó.
Antes, también por esa estación de televisión, el viceministro Ayarde había dicho que los colegios particulares deben coordinar su situación con los padres de familia. “A partir de ahora, las unidades educativas privadas van a poder reunirse para coordinar con los padres de familia la oferta, ya en otras condiciones, de la formación complementaria”, dijo.
La presidenta de la Asociación Nacional de Colegios Particulares de Bolivia (Andecop), Isabel Zotez, dijo a La Razón que la decisión del Gobierno causó extrañeza y preocupación debido a que afectara 329.096 estudiantes del país y 35.000 trabajadores de la educación en 1.200 colegios.
Lamentó que la clausura del año escolar interrumpió el proceso de educación virtual en el 90% de los colegios afiliados a Andecop, que ahora tendrán problemas financieros debido a la anulación de contratos al 31 de julio con los padres de familia por la educación de sus hijos.
Sin embargo, dijo que los colegios particulares van a analizar la forma de cómo continuar con la “formación complementaria” que sugirió el Gobierno, que, a su vez, implicará, la reducción de sus ingresos.
Además, adelantó que, luego de un ampliado del sector, presentarán su posición al gobierno de Jeanine Áñez.
La mañana del domingo, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció la clausura del año escolar debido —según justificó—a la propagación de contagios de COVID-19 en el país, las dificultades tecnológicas para la educación virtual y los conflictos con los magisterios del país.
Cárdenas dijo que “la salud ha sido el factor principal” que influyó en la decisión del Gobierno. Sin embargo, aclaró que se trata de “un cierre académico-administrativo” que “no significa que se pare la educación”.
“Una madre me dijo: ‘señor ministro, prefiero perder el año escolar que la vida de mis hijos’”, contó el ministro.
Sobre la situación de los maestros, Cárdenas enfatizó que “van a seguir pagados por el Estado, pero van a invertir su tiempo en capacitación”.
Las clases presenciales en el país están suspendidas en el país desde el 11 de marzo, cuando Oruro decidió la medida al conocerse los primeros casos del nuevo coronavirus, uno en ese departamento y otro en Santa Cruz, el 10 de marzo.
El Gobierno tardó tres meses en aprobar el Decreto Supremo 4260, presentado por Cárdenas el 6 de junio y que dispone cuatro modalidades de educación: virtual, a distancia, semipresencial y presencial. El reglamento de la norma fue presentado el 7 de julio.
(03/08/2020)
