A tres meses de iniciada la investigación por presunta corrupción en la compra de 170 respiradores para el país, el paradero de los equipos es cuestionado por la empresa IME Consulting Global Services SL, que fue intermediaria entre el Gobierno y la fabricante de los ventiladores, la española GPAinnova.
“El Gobierno confiesa que no sabe dónde están los respiradores que se le ha entregado. Dice ‘se lo hemos entregado al Misterio de Salud y no sabemos dónde están, estamos tratando de ubicar los respiradores’. Esa irresponsabilidad administrativa del Gobierno originada primero por el ministro (Arturo) Murillo y la presidenta (Jeanine) Añez, al pedir que se salten todos los protocolos de recepción y se vayan directamente a un acto político para la exhibición de respiradores. Los perdieron, eso dice el informe”, indicó el abogado de la empresa IME, Ramiro Vega, en el programa Antes del Mediodía de radio.
El profesional indicó que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) admitió este aspecto en una carta que remitió a la empresa.
Al ser consultada sobre este tema, la ministra de Salud, Eidy Roca, afirmó que los respiradores están «en custodia hasta que se termine el proceso»; sin embargo, no dio más detalles al respecto.
El domingo, el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, informó que solicitará la rescisión del contrato con esta empresa y la devolución de los $us 2,2 millones que el Ministerio de Salud dio como anticipo. Vega criticó estas declaraciones y afirmó que si el Gobierno no justifica fallas técnicas reales, la fabricante no puede recibir la devolución de los equipos.
«Si la fábrica tiene que devolver el dinero, va a pedir los respiradores que el Gobierno dice que ha perdido; entonces, yo creo incluso que el Gobierno boliviano va a hacer el ridículo planteando una demanda de resolución (de contrato) que implica devolución», explicó el jurista.
Asimismo, Vega aseveró que IME Consulting está dispuesta a negociar e incluso a entregar equipos nuevos, pues quiere llegar a una solución «técnica y no política». «Desde el 11 de mayo estamos tratando de comunicarnos con el Gobierno boliviano para preguntarle dónde les entregamos el faltante, que son sensores y la actualización del software Advance, además de otros elementos», dijo.
El Gobierno se mostró firme en terminar con el contrato que los vincula con IME Consulting y ya considera incluso ir a un proceso de arbitraje para lograr la devolución del dinero. «La empresa ya ha respondido, ha enviado una nota a la AISEM haciendo las observaciones respectivas respecto al proceso de resolución. En caso de que la empresa IME Consulting no acceda a esa resolución de contrato, nosotros tenemos ya la vía del arbitraje que es ante la Cámara de Comercio de la ciudad de La Paz», declaró el viceministro de Transparencia, Guido Melgar.
En caso de darse una posible devolución del monto adelantado, el Estado no recibiría el dinero en un corto plazo, pues el proceso podría demorar años, según el abogado.
El problema con la adquisición de los «ventiladores pulmonares» comenzó en mayo, cuando el Ministerio de Salud y la empresa española GPAinnova, por medio de la importadora IME, firmaron un contrato por la adquisición de 170 respiradores por un total de $us 28.080 por unidad.
El 14 de mayo, los equipos fueron descargados en Santa Cruz, tras llegar en vuelo chárter de BoA desde Barcelona, España, sede de GPAinnova, y esa tarde la presidenta Jeanine Áñez hizo la entrega de los primeros respiradores al gobierno municipal de Santa Cruz.
La fábrica aclaró luego que en realidad cada equipo tenía un costo unitario de $us 7.234, y el Ministerio Público inició una investigación y estimó un daño económico de al menos $ 3,3 millones.
Por el caso son investigados el exdirector Jurídico del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela, el exdirector de la Aisem Giovani Pacheco, el «testigo clave» Fernando Humérez, una asesora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la entidad financiadora, y el excónsul en Barcelona Alberto Pareja. La Fiscalía adelantó que también convocará por el caso al embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo, quien viajó a Estados Unidos tras el hecho.
Se prevé que en unos 15 días se emitan las acusaciones formales contra los implicados.
(17/08/2020)
