El Ministerio de Educación informó que solicitará al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una revisión del fallo que emitió este miércoles el Tribunal Constitucional Primero de La Paz para dejar sin efecto la resolución de clausura del año escolar.
«(…) Dicha resolución tiene serias contradicciones, ambigüedades y poca claridad. Por lo tanto, esta cartera estatal presentará en las siguientes horas un recurso de complementación, aclaración y enmienda. Por este motivo y dado que esta resolución debe ser revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, como dispone la Constitución y el Código Procesal Constitucional para ser confirmada o revocada, no es definitiva ni final», informó el Ministerio de Educación mediante un comunicado.
Asimismo, la cartera estatal calificó que la decisión responde a orientaciones políticas y vinculó al Vocal Presidente del tribunal con el Movimiento Al Socialismo (MAS) e incluso afirmó que fue posesionado en cargos públicos por el exministro de Justicia Héctor Arce. Según Educación, éste no fue el único «trasfondo político» en la decisión, pues dijo el abogado de la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, a quien también denunció de estar vinculada al MAS, fue asesor jurídico del exministro de Educación Roberto Aguilar.
«Con todos estos antecedentes, no cabe duda que la decisión es una acción planificada por operadores políticos afines al MAS, que busca dañar y socavar la gestión educativa y poner en mayor riesgo la salud de estudiantes, maestros y padres de familia».
La tarde de este miércoles el Tribunal Constitucional Primero de La Paz determinó dejar sin efecto la resolución de clausura del año escolar, luego de considera una acción popular presentada por la diputad del MAS Lidia Patty. Con la decisión, la Justicia conminó al Gobierno a generar una nueva estrategia para garantizar la continuidad de la educación en el país, en un plazo no mayor a 10 días.
La Defensora del Pueblo aclaró que con esta resolución el tribunal no obliga a los estudiantes a volver a las aulas, sino que insta al Órgano Ejecutivo a ejecutar una política pública integral, en consenso con los sectores involucrados, es decir, papás, maestros y estudiantes.
Los actores educativos conminaron también al Ministerio de Educación a generar decisiones prontas para definir el futuro de las clases, pues los maestros, por ejemplo, ya preparaban las calificaciones para emitir las libretas de esta gestión, que fue cerrada cuatro meses antes de la fecha prevista.
(19/08/2020)
