La Sala Constitucional Primera de La Paz emitió este miércoles un fallo a favor de la acción popular presentada en rechazo a la clausura del año escolar y dio un plazo de 10 días al Órgano Ejecutivo para que genere mecanismos que garanticen la continuación de la educación en el país.
«Me siento contenta, pues siento que los niños van a recuperar los derechos que se les estaba vulnerando del acceso a la educación, ahora se ha determinado este plazo de 10 días para que se tomen las acciones con los niños, eso esperamos», expresó la diputada Lidia Patty, del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien presentó la acción popular.
El año escolar fue clausurado a partir del 31 de julio y, aunque el Ministerio de Educación sugirió a los maestros que tengan las posibilidades a continuar con clases complementarias el resto del año, autoridades e instituciones como la Defensoría del Pueblo observaron que esto podría significar que el acceso a la educación ya no ocurra en condiciones de igualdad.
«A partir de hoy hay un plazo de 10 días para convocar, en el marco de la Ley Avelino Siñani, a los actores del proceso educativo, magisterios urbano y rural, padres de familia de públicas y privadas y estudiantes para poder generar una política pública integral a fin de que se garantice el acceso a la educación (…). Ojalá se pueda considerar a quienes están en educación alternativa y especial, aquellos niños y adolescentes huérfanos que están en centros de acogida y a aquellos que son parte de pueblos indígenas», explicó la defensora del pueblo, Nadia Cruz.
Uno de los argumentos para el cierre del año escolar es que no existían las condiciones óptimas para el desarrollo de clases virtuales y que el retorno a las presenciales sería un peligro para la salud, pero Cruz aclaró que este fallo no significa exponer a los estudiantes ni obligarlos a volver a las aulas.
«Acá el Tribunal ha dicho que no se va a arriesgar ni el derecho a la vida ni a la integridad. El magisterio rural, que logró hacer una exposición, explicó que la educación no solo se puede hacer con el retorno a las clases presenciales, es decir, que aquí nadie ha planteado atentar contra la vida (…), lo que el Tribunal ha señalado es que tomando en cuenta la realidad se implemente una política pública integral», dijo Cruz.
La Defensora puso como ejemplos iniciativas municipales como la de Achocalla, donde se pudo usar la radio para articular a las unidades educativas y llegar así a los hogares de los estudiantes. Aunque el Ministerio de Educación informó en repetidas ocasiones antes de la clausura que se haría un convenio con los medios estatales para planificar clases a distancias, éste no se concretó.
«La Sala ha generado hoy jurisprudencia muy importante para nuestro país, al resguardar a través de una acción popular el derecho a la educación, que como han mencionado estaba siendo lesionado por el Órgano Ejecutivo. Como Defensoría del Pueblo, convoco al Ministro de Educación, a su Viceministro a cumplir el fallo; no podemos esperar, como dijeron sus subordinados, a que pase la pandemia o que haya una vacuna para garantizar la educación en el país», indicó la Defensora.
Otra observación hecha durante la audiencia fue que la decisión de clausurar el año escolar no fue respaldada por una ley o un decreto.
Las clases presenciales en el país fueron suspendidas en marzo y luego de dos meses, en junio, fue presentado el Decreto Supremo 4260 para regular las clases en las modalidades a distancia y virtual, así como presencial y semipresencial que no se podían concretar por la pandemia.
Maestros y padres de familia observaron el Decreto Supremo y lo rechazaron porque, según indicaron, no cumplía con todas las necesidades de la educación en medio de la pandemia del COVID-19. Finalmente, después de tres jornadas de diálogo fallidas, el Ministerio de Educación ratificó la norma y semanas después ordenó la clausura de la gestión escolar.
Instituciones como Unicef y la Organización de Naciones Unidas (ONU) observaron su decisión e incluso invocaron al Gobierno a reconsiderarla.
(19/08/2020)
