El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, que sesionó de manera virtual esta semana, sentenció que en la Chiquitanía boliviana hubo un “ecocidio” en 2019.
“Una sentencia donde se ha dicho que en el caso de los incendios en Bolivia, hubo un ecocidio, y se ha señalado directamente como autores del delito de ecocidio a las autoridades administrativas, legislativas y judiciales que aprobaron o ejecutaron el paquete legal que favoreció los incendios”, señaló a La Razón desde Ecuador la activista indígena en derechos humanos Patricia Gualinga, miembro del tribunal.
Gualinga detalló que la audiencia fue virtual por la urgencia del tema. Esta instancia sesionó tres días, desde el lunes 17. En dos días recibió los testimonios y posiciones de indígenas afectados por los incendios, representantes de organismo de defensa del medioambiente y autoridades de los gobiernos municipales y departamentales involucrados. Y tras un día de sesión, el jueves emitió su sentencia.
Las activista indígena de la etnia kichwa de Sarayaku (Amazonía de Ecuador) reconoció que el veredicto dictado sobre todo es de carácter ético, que no es vinculante jurídicamente; pero, siendo un fallo desde la sociedad civil es un antecedente que luego tendrá peso en procesos judiciales que se vayan a llevar adelante contra los responsables.
“El alcance del fallo es ético, no es vinculante; no es una sentencia de un tribunal jurídico que sea vinculante; es ético y, por lo tanto, sirve para que en cualquier proceso (judicial) que se esté llevando en el tema se puedan tener los insumos correspondientes; pero también sirve para que a nivel internacional se visibilice todo lo que ha pasado en Bolivia”.
Con la sentencia, se demanda abrogar toda la normativa que haya permitido la proliferación indiscriminada de quemas de áreas en la Chiquitanía que no estaban destinadas a la agricultura y la ganadería. En este sentido, se deplora que gran parte del incendio se debió a necesidad de expansión de la agroindustria.
El tribunal, que se lo constituye según el caso que se vaya a tratar, estuvo conformado por Nancy Yañez, de Chile; Patricia Gualinga, de Ecuador; Felicio Pontes, de Brasil, y Natalia Greene, de Ecuador. Los cuatro son destacados activistas en defensa de derechos indígenas y en medioambiente.
Si bien se trataron de incendios que habitualmente se realizan para la producción agrícola, entre julio y septiembre de 2019 en el país hubo un desborde y descontrol que llegó a la quema de 5,3 millones de hectáreas en tierras de los departamentos de Beni y Santa Cruz.
(21/08/2020)
