La tarde de hoy, lunes 5, un trabajador de Laboratorios Vita en El Alto resultó gravemente herido en la cabeza por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno, el cual había sido lanzado en la intervención policial que hubo para dispersar a empleados que protestaban en inmediaciones de la fábrica.
“La violenta intervención de la Policía dejó como saldo varias personas heridas, dos de ellas de gravedad, una de ellas, J.L.T. de 20 años, se encuentra en riesgo de perder la vida al haber quedado expuesta su masa encefálica”, informó el Coordinador Regional de la Defensoría del Pueblo en El Alto, Santos Lipa.
El herido fue trasladado al Hospital Sagrado Corazón de Jesús, donde será intervenido quirúrgicamente por el cuadro crítico que presenta; hay otro herido con un balín en el tobillo derecho, destaca un informe defensorial.
Los trabajadores protestaban por el despido de sus dirigentes sindicales, señala la Defensoría; radio Éxito añade maltratos, reducción de salarios y amedrentamiento por parte de los empleadores.
Hasta del cierre de la presente entrega, Laboratorios Vita no había emitido ningún comunicado reciente que diera cuenta de su versión del conflicto.
La protesta había comenzado en la mañana, a eso se hizo presente en el lugar el contingente policial, informó Éxito. Por su lado, la Defensoría apunta que previamente a la intervención policial, personal de la Inspectoría de Trabajo se hizo presente en la fábrica y declaró ilegal la huelga que los trabajadores realizaban en protesta por el despido de sus dirigentes sindicales. Esto dio paso a que la empresa solicite el cumplimiento de una orden judicial de resguardo de sus predios.
Producto del conflicto, fueron arrestadas 52 personas, dos de ellas mujeres, que se encontraban en la FELCC de El Alto, a la espera de la definición de su situación jurídica.
Al respecto, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, condenó la represión policial por no ajustarse, dijo, a la normativa nacional e internacional, y expresó su preocupación ante la normalización de estas prácticas bajo la mirada permisiva de las autoridades nacionales.
“La institución estará vigilante a la evolución de la salud de las personas heridas, y exigirá a las autoridades policiales y al Ministerio Público, investigar y sancionar estos graves actos”, manifestó Cruz.
