Este viernes empieza el paro de actividades por 10 días en el sector salud en demanda de la anulación de la Ley de Emergencia Sanitaria. En La Paz se atendrá solo servicios de emergencia, en los que estarán incluidos los casos COVID-19, y como parte de las medidas de presión se perfilan huelgas de hambre, crucifixiones y protestas.
El dirigente del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública de La Paz (Sirmes), Fernando Romero, descartó la oferta del gobierno de trabajar en la reglamentación de la ley observada y reiteró que ahora no solo piden ajustes a algún articulado sino su anulación plena para la redacción concertada de otra norma.
Las emergencias y “paciente que venga y tenga sospecha de COVID-19 con mínimos síntomas va a ser atendido como emergencia”, aseguró y explicó que los casos que no revistas esta situación serán “dejados pendientes” hasta tanto sea resuelto el conflicto que empieza desde este viernes hasta el 28 de febrero, inicialmente.
El Consejo Nacional de Salud (Conasa), que agrupa a los diferentes sectores de salud, resolvió un paro general de actividades en demanda de la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria, promulgada por el presidente Luis Arce el miércoles. La medida se cumplirá en medio de la pandemia por el coronavirus.
Los representantes del Colegio Médico de Bolivia firmaron un acuerdo e incorporaron modificaciones a la norma, pero poco después desconocieron el pacto. El ministro de Salud, Jeyson Auza, aseguró en reiteradas ocasiones que las modificaciones propuestas fueron incorporadas en la ley ahora vigente.
Romero afirmó que la ley abre una puerta para la contratación de médicos cubanos y restringe derechos a la protesta.
En la norma, efectivamente, se prohíbe la suspensión de los servicios de salud mientras dure la emergencia sanitaria. Sobre las contrataciones, establece que se hará de profesionales que estudiaron dentro y fuera de Bolivia.
También regula los precios de medicamentos y de servicios prestados por clínicas privadas en casos COVID-19. “No se podrá exigir depósitos previos, garantías o cualquier tipo de cobro anticipado en los establecimientos de salud del subsector privado”, refiere parte del artículo 20.
“La determinación de la abrogación es definitiva, lo que viene de aquí hacia adelante es claro, vamos a luchar con todo lo que podamos emplear”, advirtió
