La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció a una clínica privada de La Paz por la detención de una persona por una deuda de servicios para su familiar que falleció por COVID-19 y sostuvo que ese acto se constituye en un “nuevo modus operandi” que tienen algunos centros privados para lograr el pago por la prestación de sus servicios.
El personal de la Defensoría del Pueblo interpuso la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) que derivó en la aprehensión de dos guardias de seguridad que habían impedido que la persona salga de la clínica.
Cruz afirmó que esa actitud se constituye en un acto “criminal” y aseguró que en este tiempo de pandemia su oficina evidenció que los centros hospitalarios vulneran los derechos de los pacientes y convierten la salud en un lucro y mercantilización, con los que se toma a los pacientes y familiares como “objetos”.
“Creo que esa actitud tiene que alarmarnos y tiene que generar una alerta para el Estado que tiene que notificar a todas las instancias de fiscalización para evitar que estos actos sucedan para evitar que estos hechos vuelvan a cometerse y que la población esté en esta situación de vulnerabilidad”, dijo la Defensora en ‘streaming’ Piedra, Papel y Tinta de La Razón (18.30, de lunes a viernes).
Cruz considero “urgente” activar la Ley de Emergencia Sanitaria, que establece prohibiciones y sanciones en estos casos y a partir de ello que sean los servicios departamentales de salud (Sedes) y los gobiernos municipales asuman competencias de control y sancionatorias.
Una familia denunció a la clínica Santa Laura, en la zona Miraflores de La Paz, cuyos dueños retuvieron a un joven como condición para el retiro de un fallecido mientras aquélla pudiera cubrir una deuda por la atención médica.
