Los diputados de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón y Marcelo Pedraza, confirmaron este lunes que presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la cuestionada Ley 1359 de Emergencia Sanitaria, que al momento mantiene al sector médico del país en un paro parcial de actividades.
“El 26 de marzo hemos presentado una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Emergencia (Sanitaria); esta acción la presentamos el diputado (…) Marcelo Pedraza junto con mi persona (…) demandando cinco aspectos claves de esta ley”, dijo el diputado de CC, Carlos Alarcón.
El primero —según el legislador— tiene que ver con la “inconstitucionalidad” en la vulneración del derecho a la huelga del sector salud.
“Ustedes saben que ya existe una sentencia constitucional que establece que el derecho a la huelga en el sector salud de ninguna manera puede ser suprimido y menos eliminado en cualquier circunstancia o emergencia, porque (…) no solamente sirve para mejorar las condiciones sociales y labores del sector, sino para exigir a todos los niveles de Gobierno (…) a que cumplan sus obligaciones mínimas para garantizar a los bolivianos un servicio de salud público que esté a la altura de las demandas y necesidades ciudadanas”, remarcó.
Segundo, se presentó el pedido de inconstitucionalidad por la exclusión del sector salud del Consejo Nacional Estratégico para Emergencias Sanitarias, que también está contemplada en la cuestionada normativa.
«No podemos entender cómo un consejo estratégico para épocas de emergencia sanitaria no puede estar conformado con representación del sector, que es el especializado (en este tipo de temas; además) sin el sector salud (…) este concejo deja de ser estratégico y sobre todo contraviene a la Constitución que garantiza espacios de participación (…) de la sociedad civil organizada en todos aquellos espacios que tienen que ver con la ejecución de políticas públicas, en este caso la política de gestión de salud”, lamentó.
Tercero, se demandó la inconstitucionalidad de la ley por una —según el diputado— “discriminación” en el acceso a empleos estatales para médicos que estudiaron en Bolivia.
“Esta Ley de Emergencia Sanitaria establece una discrecionalidad a cargo de las autoridades administrativas de salud para ver qué profesional de salud, según su criterio, tiene buena o mala voluntad para prestar servicios en el sector estatal y no exigen este requisito cuando se trata de profesionales que han estudiado en el exterior”, enfatizó.
Por tanto —de acuerdo al criterio de Alarcón— “el objetivo escondido detrás de esta discriminación es abrir una compuerta para que todos los médicos que pertenecen a otro país, como a Cuba por ejemplo, vuelvan al país en desmedro a los profesionales bolivianos”.
Por su parte, Pedraza detalló que también se presentó la acción de inconstitucionalidad porque supuestamente la norma viola las autonomías de las gobernaciones y las alcaldías.
“Viola la autonomía (de esas entidades) convirtiendo la lucha (contra la pandemia) en netamente centralista, donde las decisiones se toman (…) verticalmente; entonces se está volviendo a empoderar el Estado (…) en franca vulneración a la Constitución pretendiendo monopolizar (todo)”, añadió. (05/04/2021)
