La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó este domingo, a través de su cuenta de Twitter, su preocupación ante la conminatoria judicial emitida en Cochabamba para que 13 medios de comunicación hagan conocer los nombres de periodistas que realizaron trabajos de investigación relacionados a un caso de interés público.
“La Misión recuerda que, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, toda presión directa o indirecta dirigida a silenciar o amedrentar la labor informativa de la prensa resulta incompatible con el derecho a la libertad de expresión”, señala la OACNUDH en la red social.
La jueza Sofía Camacho Almanza, del juzgado de sentencia penal de Cochabamba, dio curso días atrás a la petición del abogado Jhasmani Torrico para iniciar procesos penales a periodistas por difamación, calumnia e injuria, al haber informado y dado seguimiento al caso que involucró al abogado en un escándalo público.
El 25 de febrero de este año, Torrico fue sentenciado a seis años y seis meses de presidio por los delitos de secuestro, tortura y extorsión a un mecánico, en 2019, para que firme un documento en el que aceptaba haber recibido la inexistente suma de $us 20.000 por un anticrético.
Al igual que la Misión en Bolivia de Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo se pronunció en similar sentido el viernes y advirtió que este tipo de actos constituyen medios de amedrentamiento para este sector fundamental de la sociedad boliviana y un medio indirecto de limitación a la libertad de expresión.
El Ministerio de Justicia también aseguró que se encuentra vigente la Ley de Imprenta de 1925 y que la libertad de prensa y de expresión está protegida por la Constitución. (25/04/2021)
