La Defensoría del Pueblo solicitó este lunes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Órgano Judicial a emitir resoluciones de reconocimiento de uniones libres entre personas del mismo sexo, en el marco del cumplimiento de estándares interamericanos de derechos humanos y normas nacionales.
«Estas instancias, al momento de emitir sus resoluciones referidas a la unión de libre, deben tomar en cuenta lo que dispone la normativa nacional e internacional de derechos humanos como la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que determina que el vínculo familiar que puede derivar de una relación de una pareja del mismo sexo debe también ser protegido sin discriminación alguna con respecto a las parejas heterosexuales, de conformidad con el derecho a la igualdad y a la no discriminación así como todos los derechos patrimoniales que se derivan del vínculo familiar protegido entre personas del mismo sexo, garantizando con ello el ejercicio pleno de los derechos de las personas con diversa orientación sexual o identidad de género”, manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
La reflexión fue realizada este lunes en conmemoración del Día de los Derechos de la Población con Orientación Sexual Diversa en Bolivia. Cruz recordó la importancia de reconocer estos vínculos familiares y gozar de los derechos de todas las parejas heterosexuales.
«Muchas parejas del mismo sexo se encuentran en desprotección e inseguridad jurídica, pues no pueden gozar de derechos, como la seguridad social a corto o largo plazo, beneficios laborales, pensiones familiares y sus derechos patrimoniales ante una separación o fallecimiento de la pareja”.
Además observó, entre otros puntos, la carencia de un protocolo nacional para atender los casos de la comunidad LGBTIQ+ y que cuando se trató los trámites de pedido de unión libre, el TCP recurrió a opiniones religiosas, lo cual considera pone a los solicitantes en una situación de discriminación y fue rechazado también tomando en cuenta que Bolivia es un Estado laico.
«Cuestionamos que el TCP, en consideración a una Acción de Amparo Constitucional referida a la inscripción de la unión libre de dos ciudadanos del mismo sexo ante el Servicio de Registro Cívico (SERECI), haya solicitado la opinión de la Iglesia Católica en calidad de amicus; rechazamos la intromisión de cualquier institución de carácter religioso en las determinaciones de este Tribunal”, dijo la Defensora.
