Luego de realizar una inspección en establecimientos de salud de segundo y tercer nivel del país, la Defensoría del Pueblo identificó un persistente desconocimiento e incumplimiento de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), contemplada en la normativa nacional.
“Durante la intervención realizada se identificó desconocimiento de la normativa y los requisitos aplicables para una ILE, inexistencia de equipos multidisciplinarios para el abordaje de usuarias víctimas de violencia sexual, incumplimiento al plazo establecido para proceder con este procedimiento, ausencia de medicamentos e insumos en los establecimientos de salud y falta de salas de Aspiración Manual Endouterina (AMEU)”, informó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
La conclusión se presentó tras la inspección en 39 establecimientos de salud de segundo y tercer nivel, ubicados en 25 municipios del país, donde se entrevistó a 48 profesionales médicos, de enfermería y emergencias. Aunque el alcance del estudio no fue igual al de la pasada gestión, debido a la pandemia del COVID-19, la Defensoría no vio significantes mejoras en este aspecto desde 2020, lo que afecta directamente a las mujeres víctimas.
Por ejemplo, se informó que 14 de 48 trabajadores de dichos centros no lograron establecer criterios claros ni objetivos respecto a las normas y procedimientos de la ILE.
Además “se encontró que el 60,42% (29) de los servidores públicos considera que los requisitos para una ILE incluyen la presentación de una orden judicial, realizar una junta médica y/o una valoración del diagnóstico médico, cuando la Sentencia Constitucional Plurinacional 206/2014 establece que sólo se requiere la presentación de la denuncia”, informó la Defensoría.
Otro aspecto preocupante es que más de la mitad de los entrevistados (54,1%) desconoce los plazos establecidos para el procedimiento técnico de la ILE o argumentaron erróneamente que este depende de una valoración o junta médica.
“Incumplir con los requerimientos de personal, implica un incumplimiento de parte de las autoridades de los niveles departamental y municipal de garantizar recursos humanos suficientes. Y el desconocimiento de los requisitos establecidos por norma podría poner en riesgo no sólo la salud sino la vida y la integridad física y psicológica de las usuarias”, alertó la Defensora del Pueblo.
