El COVID-19 dejó al menos 1.659 niños huérfanos de padre y madre. Para proteger a este grupo de la población, la Defensoría del Pueblo planteó un proyecto de ley para otórgales subsidio alimenticio, becas escolares y universitarias.
Mientras que se garantiza inamovilidad laboral, en el ámbito público y privado, para una de las personas responsables legales del cuidado de las y los huérfanos a causa de la COVID-19, hasta que adquieran la mayoría de edad.
Las iniciativas son parte del proyecto de ley propuesto este lunes por la defensora del Pueblo, Nadie Cruz, a la Asamblea Legislativa. Según los datos de la institución, al menos 1.659 menores quedaron huérfanos por la muerte de sus padres a causa del COVID-19 que fue detectado en Bolivia en marzo de 2020.
Una de las medidas es el “subsidio de asistencia al desarrollo nutricional” equivalente a Bs 300, becas, dotación de equipos tecnológicos y material educativo. También se propone que las universidades públicas otorguen becas anuales de ingreso, apoyo académico, permanencia, trabajo y otras medidas vigentes hasta los 25 años de edad.
Igualmente, que las escuelas superiores de formación de maestros y maestras, escuelas superiores tecnológicas, institutos técnicos y tecnológicos (fiscales, de convenio y privados), universidades indígenas y privadas, puedan brindar, anualmente, hasta el 10% de las becas destinadas al ingreso, apoyo académico y permanencia, también hasta los 25 años de edad.
Entretanto se establece que el Ministerio de Trabajo implemente planes y programas para la inserción laboral prioritaria para hijas e hijos jóvenes, hasta los 25 años de edad. Este beneficio alcanza a quienes estén, legalmente, a cargo del cuidado de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad hasta que éstos cumplan los 18 años.
Además, se propone garantizar la inamovilidad laboral y acceso a una vivienda social, entre otras iniciativas de protección y ayuda a este sector de la población.
Según los datos de la Defensoría del Pueblo, hay hermanos y hermanas mayores de 20 y 22 años que asumen roles de padres y madres, incluidas deudas en los hospitales tras el fallecimiento de sus progenitores. La norma también alcanzará a esta población, según un boletín institucional.
