La denunciante del caso de tráfico de exámenes de institucionalización de cargos, la viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama, enviará la documentación del proceso penal a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación, para que se sume a la demanda.
La decisión se tomó luego de que la Justicia determinó la detención preventiva de Agustín Tarifa, exdirector de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística, sindicado de filtrar las pruebas a unas 40 personas mediante mensajes de WhatsApp.
“Lo que vamos a hacer esta semana es presentar toda la imputación, todo el proceso del señor Tarifa a la Unidad de Transparencia, pues esta tiene su propia normativa la ley 974, que los obliga a constituirse en parte (…) Hasta ahora que son casi dos meses de este proceso y la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación brilla por su ausencia”, explicó a La Razón Abel Loma, abogado de la parte denunciante, la actual viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama.
Tarifa es el primer exfuncionario de Educación vinculado al caso, pero no el único. De acuerdo con el jurista, son al menos nueve trabajadores más de esta cartera estatal que son sospechosos de ser parte de este presunto hecho de corrupción, entre ellos, el ministro, Adrián Quelca, a quien esperan se convoque a declarar en los próximos días.
“No quiero que piense que este es un tema personal de la viceministra con el ministro, sino que es un tema que se tiene que investigar (…) Tenemos las citaciones elaboradas”, indicó Loma.
El ministro Quelca negó, tras conocerse la denuncia formal en julio, tener conocimiento de este hecho, empero la parte denunciante consideró oportuno que preste sus declaraciones.
Loma afirmó que el caso también fue puesto a conocimiento del Ministerio de Justicia y espera que en el corto plazo se pueda determinar las responsabilidades sobre la filtración de los exámenes para institucionalización de cargos directivos en supuesto beneficio de estas al menos 40 personas, a quienes aunque se les requirió los celulares, varios argumentaron que los habían extraviado, informó el jurista.
“Ya hemos puesto a conocimiento del ministro de Justicia, Iván Lima, este tema, todos los antecedentes, la imputación y es más ellos, así como la Defensoría del Pueblo, también estuvieron presentes en la audiencia cautelar pero no han participado, han estado de veedores y fueron testigos de cómo se ha demostrado la probabilidad de autoría del señor Tarifa y de los riesgos procesales que habían”, explicó
