El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que su despacho atendió, entre el 24 y 25 de diciembre, 1.522 denuncias sobre irregularidades en la comercialización de varios productos, la mayoría de ellas se solucionaron por la vía conciliatoria.
“Hemos atendido 1522 denuncias, de las cuales el 90% se ha solucionado en la vía conciliatoria, es decir, se ha realizado la acción para sustituir el hecho a través del cambio del producto o a través de la devolución del dinero. Hay un 10% en que se han iniciado acciones administrativas por la resistencia de los proveedores que no quieren cambiar los productos o no quieren devolverlos”, explicó Silva, en una entrevista con La Razón.
En un cuadro proporcionado por la autoridad, se detalla que La Paz concentra el 31,9% de los casos, con un total de 486, le siguen Cochabamba con 237, Santa Cruz con 267, Sucre con 178, mientras que Oruro reportó 219 y Tarija 135. Las sanciones económicas y con cierre de comercios sumaron 167, “y 310 casos aún se encuentran en término de prueba”.
La autoridad anunció que los operativos de control continuarán para precautelar “la salud y la seguridad de las consumidoras y consumidores”. Aseguró que los controles sanitarios se realizarán por Año Nuevo.
“Se va a revisar otro tipo de actividades, como la adulteración de bebidas alcohólicas, el no cumplimiento a la cartelera ofrecida”, advirtió, y dijo que los operativos de control serán coordinados con la Intendencia Municipal, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y la Policía Boliviana.
Además, advirtió que los organizadores de fiestas de Año Nuevo que no controlen el carnet de vacunación contra el COVID-19 serán procesados por delito contra la salud pública.
“Si estarían permitiendo que la gente ingrese (a esas fiestas) sin exigir el carnet de vacuna o prueba PCR (…), o en caso de que se encuentre una persona con COVID que participe (…), eso ya es un atentado a la salud públicA y puede ser objeto de un proceso penal”, dijo.
