A cinco días de la vigencia y presentación obligatoria del carnet de vacunación contra el COVID-19, en La Paz, Potosí y Santa Cruz se detectó la comercialización falsificada del documento. Al menos diez personas están aprehendidas.
En La Paz, una persona fue detenida este miércoles cuando pretendía realizar un trámite en las oficinas de la Dirección General de Migración con un carnet de vacunación falso.
“Bajo la revisión del código QR este carnet de vacunación no le correspondía al usuario, entonces, se pone a conocimiento de la Policía de control migratorio y a las autoridades superiores para que sean estas personas quienes pongan a conocimiento de la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen”, sostuvo el responsable de la Unidad Jurídica de Migración, Luis Osinaga.
En Potosí, seis personas fueron aprehendidas por la comercialización de carnets de inmunización falsos.
“Se pide a la población que por favor asista a los lugares autorizados para la obtención del carnet, no estén asistiendo a lugares, vamos a decir, clandestinos o que no tengan respaldo porque van a tener problemas”, advirtió el director de la FELCC en la capital potosina coronel Fanor Valdivia.
El Gobierno emitió el Decreto Supremo 4641 en diciembre que establece que el carnet de vacunación contra el COVID-19 es documento oficial de carácter nacional. Deberá ser presentado para acceder a instituciones públicas y privadas, entidades financieras, centros comerciales, mercados, centros educativos en general, locales de entretenimiento, transporte y establecimientos religiosos. Éste entró en vigencia el 1 de enero.
Valdivia evitó dar mayores detalles sobre el caso en Potosí, por estar en investigación.
Similar panorama se registró en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde tres personas, entre ellas un funcionario municipal, fueron aprehendidas por la venta en Bs 300 de carnet de vacunación falsos. En este hecho, el funcionario edil incorporaba los datos de sus “clientes” a la base de datos oficial del Ministerio de Salud.
El mayor de Policía Saúl Salazar explicó a los medios de prensa que el pago se lo realizaba a través de la banca móvil y que al menos 50 personas adquirieron estos documentos.
Los aprehendidos fueron presentados ante el Ministerio Público y acusados de manipulación informática, concusión, beneficios en razón del cargo y otros.
