Un grupo de organizaciones sociales, liderado por el denominado Comité Cívico pro Ciudad de El Alto, marchó este lunes en demanda de la abrogación de los decretos supremos 4640 y 4641, que disponen la vigencia del carnet de vacunación del COVID-19 y la exigencia de ese documento en todos los espacios de concentración de personas.
La movilización partió de la Ceja de El Alto y descendió hasta el centro de la ciudad de La Paz con la participación de algunos sectores de la Federación de Juntas Vecinales, una asociación de adultos mayores, cívicos y otros que dicen formar parte de un “pacto interinstitucional por la defensa de la vida”.
Los marchistas aseguraron que no son “antivacunas”, pero que exigen el respeto a la Constitución porque creen que, con la exigencia del carnet de vacuna, se está obligando a todas las personas a vacunarse contra el COVID-19.
El Gobierno, de manera insistente, recordó que la vacunación no es obligatoria y que las personas que optaron por no inocularse pueden presentar una prueba negativa del PCR con una vigencia máxima de 48 horas.
Sin embargo, “esta movilización va a ser indefinida hasta que abroguen (las cuestionadas normativas) porque están violando nuestros derechos constitucionales. Estamos convocando a todas las organizaciones a que se sumen y esta movilización va a ser contundente a nivel nacional, depende del Gobierno central, ¿abrogan o quieren convulsión en Bolivia?”, advirtió Gregorio Condori, presidente del denominado Comité Cívico de El Alto.
El dirigente remarcó que los decretos no fueron consensuados y “han sido sacados arbitrariamente”, por lo que incluso consideró que todos los ministros deben ser procesados.
“Todos los ministros que han firmado (esas normativas) tienen que ser procesados y tienen que resarcir a aquellas personas afectadas (con) más de un millón de dólares porque han atentado contra la salud pública del pueblo boliviano”, agregó.
El Gobierno inicialmente decidió exigir el carnet de vacunación desde el pasado 1 de enero, pero luego suspendió el control de ese documento hasta el 26 de enero.
