El Ministerio de Justicia comunicó este viernes que tres familiares de las víctimas de las masacres de 2019 y que instalaron desde el martes un piquete de huelga de hambre junto a otras personas en el ingreso a la Casa Grande del Pueblo presentaron problemas de salud por lo que fueron trasladados al Hospital de Clínicas.
Este grupo de personas demanda la redacción conjunta del reglamento del fideicomiso para créditos productivos al sector con 0,5% de interés anual, y la elaboración de un decreto supremo que les garantice la dotación de un paquete alimentario de Bs 500 mensual hasta 2023.
“El Ministerio de Justicia comunica que en coordinación con el Ministerio de Salud brindó ayuda inmediata al señor Roberto Jukumari y las señoras Herminia Flores Mamani y Natividad Quispe Casa, representantes de un sector de las víctimas de Senkata y Sacaba que en la fecha refirieron problemas de salud”, reseña un comunicado emitido por esa cartera de Estado.
El comunicado señala que las tres personas afectadas “fueron trasladados al Hospital de Clínicas y posteriormente se les ofreció la administración de la prueba de antígeno (nasal) en la Clínica CORDES”.
El jueves, David Inca, representante de ese sector, informó a La Razón que acudirán ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para que medie en el conflicto con el Gobierno por el incumplimiento a sus demandas.
En noviembre de 2019, después de que Evo Morales renunciara a la presidencia asediado por protestas cívicas, un motín policial y la “sugerencia” de dimisión de las Fuerzas Armadas, la entonces senadora Jeannine Áñez se declaró, primero, titular de la Cámara de Senadores y dos días después, presidenta del Estado.
Ante movilizaciones de grupos que respaldaban al dimisionario Morales, Áñez emitió el Decreto Supremo 4078, que eximía de culpa a policías y militares de posibles excesos por el uso de la fuerza. El 15 de noviembre se produjo la masacre de Sacaba (Cochabamba) con 10 decesos, y cuatro días después, la masacre de Senkata (El Alto), con otras 10 muertes por impactos de bala.
“Esta cartera de Estado brindará toda la ayuda que requieran las víctimas de las masacres”, complementa el comunicado del Ministerio de Justicia.
