Ante el conocimiento de hechos de violencia en contra de mujeres, activistas feministas advirtieron este martes que en Bolivia rige una violencia “estructural” que está originado en “el cuerpo de las mujeres”.
Asimismo, consideran que tanto empresas y medios de comunicación que promueven el cuerpo de las mujeres “como un objeto para usar en marketing” y no solo en lo gráfico, incluso en el contenido de canciones.
“La violencia está presente en todo un sistema. Se origina en las relaciones de poder, desde el origen del patriarcado”, dijo la feminista comunitaria Julieta Paredes.
Por su parte, la ciberactivista Eliana Quiroz aseguró que la violencia contra la mujer también se presenta en las redes sociales, aunque esas acciones no están tipificadas como delitos.
“No es violencia digital de acoso, de mandarle fotografías no solicitadas, estamos hablando de una violencia que tiene que ver con sus propias vidas; tiene que ver con violaciones, secuestros y asesinatos. Es muy grave”, dijo en una entrevista en el programa Piedra Papel y Tinta de La Razón.
En esa misma línea, la comunicadora Verónica Rocha afirmó que “hay un carácter patriarcal desde el Estado” que impide un buen funcionamiento de las instituciones y de la ejecución de la normativa para luchar contra la violencia hacia la mujer.
Cuestionó el accionar de la Justicia en torno a la Ley 348, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, y sus alcances.
“Es un problema que tiene muchos niveles de análisis y de acción; el nivel político, la democracia y las instituciones democráticas, (…) que ya no son confiables”, dijo.
En los últimos dos días el movimiento feminista cobró fuerza con las movilizaciones que demandan atención a los casos de violación y feminicidio, cuyos autores fueron liberados por “algún trato” con jueces o fiscales, como el caso de Richard Choque, que se conoció públicamente luego de las investigaciones de la Fiscalía.
Tales niveles alcanzaron esos movimientos, que el presidente Luis Arce instruyó la creación de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio en los que los sentenciados fueron liberados. La misma deberá presentar resultados en un plazo máximo de 120 días y comenzará su trabajo este viernes 4 de febrero.
