El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, informó este lunes en el programa La Razón Radio que durante el gobierno de Jeanine Áñez identificaron 51 predios irregulares que intentaban sanear, principalmente en los departamentos de Santa Cruz y Beni.
“Son 51 predios con indicios de irregularidades y hemos notificado al Viceministerio de Tierras para que haga las demandas ante el Tribunal Agroambiental; son 269.209 hectáreas de medianos y grandes propietarios”, detalló la autoridad. Algunas de las áreas son Laguna Corazón y Tierras Bajas del Este.
De esa cantidad, mencionó que se pretendió beneficiar a la familia Marinkovic con más de 27.000 hectáreas de tierras fiscales. “Se han intentado sanear al margen de la norma”, afirmó Núñez a tiempo de recordar que en Bolivia, en 200 hubo un referendo sobre el latifundio, y se preguntó si la propiedad máxima que se iba a reconocer era 10.000 o 5.000 hectáreas. Y “el pueblo con su voto” dijo 5.000.
Por otra parte, remarcó que en Bolivia sólo resta sanear un 12% de las tierras fiscales, por lo que el 88% del área rural tiene títulos de propiedad que el Estado les otorgó. “Hasta 2024 se prevé sanear todas las tierras en los nueve departamentos; sólo en 2021 llegamos a 267 comunidades que tenían órdenes de asentamiento”, afirmó el director.
«El 30% de las tierras rurales son fiscales, que hacen 26,7 millones (de hectáreas). De ese total, 22,6 millones no son disponibles porque implican a parques, áreas protegidas y manchas de agua», señaló Núñez. Dijo que actualmente queda un millón y medio de tierras fiscales disponibles para efectuar la rotación y que «hay demasiadas demandas y poca tierra disponible».
Destacó que existen 41.360 familias beneficiadas con predios saneados y que continuarán dialogando con los campesinos e indígenas para cumplir en el marco de la norma. Sostuvo que otro logro es la consolidación de un catastro digital.
Asimismo, desmintió al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien señaló al INRA de presuntamente autorizar la construcción de un puente en esa región. «Somos una entidad abocada a ejecutar las políticas agrarias vinculadas con la tenencia de tierras, carece el INRA de toda competencia para regular construcciones de cualquier índole, repudiamos que el gobernador sólo pretenda confundir a la población provocando un clima de incertidumbre», expresó Núñez.
Explicó que el área donde se ubica el puente se encuentra dentro de la superficie titulada a la Capitanía de Alto y Bajo Isoso (CABI), provincia Cordillera, del departamento de Santa Cruz, título otorgado en fecha 24 de febrero de 2003; no existiendo proceso agrario pendiente. «Es un territorio indígena saneado y titulado y el INRA pierde competencia», aclaró la autoridad.
Camacho destituyó al subgobernador de la provincia Cordillera (Gonzalo Peña) e inició una querella contra quienes pudieran estar implicados en la construcción ilegal del puente. Por otra parte, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, anunció que su oficina presentará una denuncia penal contra la Gobernación de Santa Cruz si ésta no cuenta con documentación de respaldo en el caso del puente construido sobre el río Parapetí por parte de menonitas que viven en la comunidad Cuarirenda.
