La detención domiciliaria del juez Manuel Baptista y de otros dos acusados en la liberación del menonita con 25 años de cárcel por la violación de 150 mujeres fue revocada y se lo envió a la cárcel cruceña de Palmasola. Baptista benefició al sentenciado con detención domiciliaria con el argumento de que era drogodependiente y que debía rehabilitarse.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó que la decisión fue tomada en el marco de la apelación a la decisión del juez Primo Flores, quien benefició a su colega y a los otros dos acusados con detención preventiva y derecho al trabajo.
Baptista fue acusado por los delitos de prevaricato y consorcio de abogados y jueces. En 2019 facilitó la libertad de Abram Peters Dick, menonita sentenciado a 25 años de cárcel por el delito de violación agravada con víctimas múltiples en la comunidad Manitoba del departamento de Santa Cruz.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó el 8 de marzo que el sentenciado reveló que pagó $us 25.000 para lograr su libertad.
También se revocó la detención domiciliaria de Juan Carlos S.P. abogado del menonita, y de Alfredo N.R., exdirector del Hospital de Drogodependientes que emitió el certificado médico de problemas con las drogas que tenía Abram Peters. Ambos, al igual que Baptista, fueron enviados a la cárcel.
Al momento cinco jueces están en la cárcel por facilitar la libertad de sentenciado por delitos como violación, feminicidio y asesinato. El juez Hernán Galier Quelali fue enviado por seis meses a la cárcel por haber dejado en libertad a una mujer sentenciada a 30 años de cárcel por los delitos de organización criminal, secuestro y asesinato con agravante.
Los exjueces Rafael Alcón y Abraham Aguirre, quienes operaban junto al médico Freddy T.R, abogados y trabajadoras sociales, también están en la cárcel, al igual que la jueza en Sucre Vidalia Morales.
El Consejo de la Magistratura destituyó a 11 jueces de ejecución penal y envió a siete a procesos administrativos, como resultado del proceso de intervención a juzgados luego de conocerse de la libertad otorgada a condenados a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por delitos como feminicidio, violación y asesinato.
