Activistas presentaron este martes el informe denominado “Para que no vuelva a pasar”, sobre vulneración de derechos humanos hacia la población LGBTIQ+, durante el periodo más estricto de la pandemia del COVID-19, un texto en el que se relata casos de vulneración de derechos, agresiones y discriminación en contra de personas que conforman ese colectivo.
El término LGBTIQ+ es una sigla que hace referencia a las personas con identidades de género y orientación sexual diferentes a la heterosexual. En un principio, en los años 90, se le conocía como el movimiento LGB, pero fue sumando más siglas a lo largo de los años con el objetivo de incluir a más colectivos.
“La investigación ha sido (realizada) a raíz de casos de vulneración de derechos que ha habido a lo largo de la pandemia (del COVID-19) a personas que tienen diferente opción sexual, en un periodo que ha sido el más rígido; (en que se presentaron) agresiones, malos tratos en diferentes ámbitos, como lugares públicos, de salud y otros donde no se les quería brindar la atención correspondiente”, explicó el activista José Antonio Rodríguez en una entrevista con el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.
Esa “investigación social”, contó el activista, describe casos como el de su “amigue”, a quien define como una persona que formaba parte del colectivo y que asesinaron al salir de una discoteca en enero de 2021, tan solo “por su forma de vestir”.
Describió a su “amigue” como una persona “no binaria”, que explicó que se trata de una persona “en transición” y “que no entra en los cánones ni de mujer ni de varón; es un leguaje más inclusivo para las personas que no se identifican con ningún género”.
Por su parte, Alex Bernabé, director de la Fundación Igualdad, con sede en Santa Cruz y que formó parte de la investigación, precisó que “la identidad de género es la vivencia interna de sentirse hombre o mujer, aunque el sexo de nacimiento no corresponda con esa presentación”.
“Las personas transexuales, lesbianas y gay siempre han existido, simplemente que se han manifestado y expresado de diferente forma en la historia, hoy hay más visibilidad”, advirtió.
Asimismo, y entrando en la descripción del documento, cuestionó que varios de los hechos de violencia, e incluso asesinatos, de miembros del colectivo, “quedan en nada” debido a la burocracia que existe en los procedimientos policiales y judiciales.
En esa misma línea, la sicóloga social, Kariduen Villafuerte, y parte de la composición del informe de derechos del colectivo GLBTIQ+, expuso el caso de una joven “trans” en Cochabamba, que falleció luego de que le negaron atención médica en tres centros de salud.
“Ojalá nuestras autoridades se puedan sensibilizar y generar políticas públicas que a mediano plazo nos permitan hablar de que ya no hay casos, o que los casos están siendo atendidos”, dijo.
Además, afirmó que “acceder a la justicia tiene un costo altísimo en términos económicos, físicos y emocionales; (quien denuncie) debe tener mucho dinero y la compañía y el apoyo de familiares, amigos y profesionales para llevar su caso”.
