La administración del Bioparque Vesty Pakos, en la zona de Mallasa de La Paz, enfrenta acusaciones de presunto descuido que derivó en la muerte de al menos 50 animales en lo que va del año. La Alcaldía negó que exista negligencia y atribuyó los decesos a causas naturales.
“Desde hace más de un mes hemos estado recibiendo denuncias, (estamos) muy preocupados por esta situación, denuncias de veterinarios que trabajaban en el Vesty Pakos o de gente que ha visto morir; por ejemplo, un chanchito de monte que mientras estaba la gente visitando le estaba dando un paro cardiaco, han fallecido tres jaguares muy seguido, las lagartijas que fueron decomisadas por Pofoma”, explicó a La Razón, la directora de Amor Por los Animales Bolivia (Aplab), Ana Serrano.
De acuerdo con los reportes e información recolectada por el grupo de activistas de defensa de derechos de los animales, al menos 50 perdieron la vida mientras estaban bajo el cuidado de esta institución municipal.
La Alcaldía negó que la causa de los decesos sea negligencia, por el contrario, afirmó que fueron por causas naturales. Abrieron el Vesty Pakos, ubicado a 14 kilómetros del centro de la ciudad de La Paz, para una visita de los medios.
“Los fallecimientos no son por negligencia; aquí no se olviden que la mayoría de los animalitos vienen ya con problemas de salud, las lagartijas con patitas rotas, a veces sin cola y, claro, el proceso de adaptación es muy difícil, porque lo recuperamos nosotros o Pofoma y nos los traen y para colmo sin medicamentos, sin alimentos”, defendió el alcalde de La Paz, Iván Arias, sin precisar la cantidad de decesos.
Arias indicó que la muestra del buen manejo es la cantidad de animales que se lograron liberar tras la recuperación. Se devolvió a la libertad a un halcón colorado.
Atribuyó las denuncias a exfuncionarios que buscan el desprestigio.
“No hay descuido, lo que hay son muertes naturales por edad, porque el cuerpito en cautiverio no avanza”, aseveró el alcalde.
Serrano indicó que no se puede eludir las denuncias con argumentos contra los exfuncionarios. La denuncia fue presentada ante el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Concejo Municipal, entre otras instituciones.
Tanto la activista como Arias coincidieron en que el presupuesto asignado actualmente, de Bs 4 millones, no es suficiente.
