Un cuarto intermedio de cuatro años concluyó este lunes con la inauguración del XIII Congreso Nacional de Universidades en Potosí, que está marcado por la muerte de cuatro universitarias y el escándalo del dirigente estudiantil por más de 30 años, Max Mendoza. De inicio se trazó las acciones para enfrentar los males detectados: Regular la permanencia universitaria y dirigencial.
El rector de la Universidad Autónoma Tomás Frías, Pedro López, inauguró el encuentro que había sido declarado hace cuatro años en cuarto intermedio por solo 30 días, paradójicamente, también por la muerte de un estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) en medio de enfrentamientos con policías en mayo de 2018.
Cuatro años después y tras cuatro universitarias muertas se apresuró la convocatoria a la retoma del congreso. Las cuatro muertes se dieron el 9 de mayo en medio de un congreso en Potosí cuando se detonó una granada de gas que desató una avalancha humana en un intento por escapar del coliseo donde se desarrollaba el evento universitario. Hay cuatro detenidos.
Ese hecho destapó pugnas de poder entre los llamados estudiantes y dirigentes “dinosaurios” por el tiempo que se quedan en la U. Mendoza fue identificado como uno de ellos y hoy, a sus 52 años y más de 30 en la U, se encuentra en la cárcel por delitos de conducta antieconómica y usurpación de funciones. Se aplazó en 200 materias y en otras 100 tiene 0, reveló el diputado Héctor Arce.
Durante la inauguración se rindió un homenaje póstumo a las universitarias muertas con un minuto de silencio. López trazó los ejes del encuentro que culminará el viernes con el objetivo de revitalizar la institucionalidad y evitar se repitan las irregularidades detectadas como la permanencia en las aulas universitarias y la dirigencia estudiantil.
“Lo vital es que la permanencia no exceda las décadas dentro de las aulas sin concretizarse en su profesionalización, pues los años que implica cursar una carrera sin avanzar en la misma no solo implica quitar un espacio a jóvenes ávidos de una profesión sino que significa un alto costo al Estado que proviene de los bolsillos de las familias bolivianas”, perfiló.
Desde la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) se reportó la existencia de 5.507 estudiantes con más de 20 años de permanencia, 1.057 con más de 30 años, 102 con más de 40 años y algunos hasta superan el medio siglo. Similar situación se repite en otras universidades públicas.
Ahora, en el congreso universitario, se busca una regulación. López puso el tema en la mesa, aunque no ahondó en mayores detalles.
También planteó que se debe asumir acciones sobre la permanencia en la dirigencia no solo estudiantil, pero defendió el derecho a la reelección.
“Atendiendo al precepto básico que la reelección en cualquier nivel institucional dentro y fuera de la universidad no solo es un derecho humano sino político debe ser regulado a fin de evitar el prorroguismo y la subsecuente formación de feudos que buscan eternizarse en desmedro de nuevos liderazgos a los que amedrentan y extorsionan”, aseguró y recibió el aplauso de los asistentes.
Mendoza recibía un sueldo de más de Bs 21.000 desde hace cuatro años, cuando fue nombrado secretario interino presídium del congreso universitario aplazado y retomado este lunes. Esa designación le valió pertenecer y recibir un sueldo como parte del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), sin ser docente. No solo eso, también tenía otras prerrogativas.
También hay denuncias contra otros dirigentes. El congreso concluirá el viernes y se desarrolla en medio de fuertes medidas de seguridad.
