El exdirigente universitario Kevin Gallardo afirmó este lunes que los problemas de corrupción en la dirigencia universitaria se deben a una “crisis estructural” y que apartar al exlíder de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) Max Mendoza no será la solución para evitar esto.
“Max Mendoza es el resultado de una crisis estructural, no es tanto hablar de personas o dirigentes. La crisis es estructural y de todo tipo (…). No importa que cambiemos a Max Mendoza, es indistinto si no cambiamos el fondo”, dijo en una entrevista con La Razón Radio.
Asimismo, indicó que conoció a Mendoza en 201, y dijo de él que “tenía una forma violenta de hacer política. No cuenta con el apoyo de las bases, pero hacía política con grupos de choque, en base a la intimidación y a la coerción”.
“Max Mendoza tiene un aval político externo que viola la autonomía universitaria. Tienen un modus operandi, no tienen consignas ideológicas o políticas”, solo lo resguardan las estructuras de poder, agregó.
Incluso, dijo que el beneficio de la beca-comedor, monto económico de “cerca de Bs 800” y que se otorga a estudiantes con escasos recursos económicos, principalmente, es condicionado por el apoyo político a dirigencias estudiantiles o docentes.
“No solo es la FUL (Federación Universitaria Local), son centros (de estudiantes) de carrera. En teoría, debería ser más fácil para acceder (a la beca-comedor), pero había gente que no tenía requisitos y accedía, pero si levantas la bandera para determinado partido ya tienes la beca”, cuestionó.
Incluso, habló del “acoso” por el que condicionan a “señoritas a salir con cierto dirigente a cambio de beneficiarlas con la beca-comedor”.
El tema de corrupción en la dirigencia estudiantil estalló luego de cuestionamientos a Mendoza, de 52 años, que presidía la CUB (Confederación Universitaria Boliviana), a quien acusaron de cobrar un sueldo de más de Bs 21.000 y de ocupar un cargo en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), sin cumplir los requisitos.
Mendoza cumple con una detención preventiva de seis meses en la cárcel de San Pedro, en La Paz, por la supuesta comisión de delitos como usurpación de funciones y conducta antieconómica.
