Para este jueves y viernes, el Consejo Nacional de Salud (Conasa) convocó a un paro de actividades en demanda de atención a un pliego petitorio. El ministro de Salud, Jeyson Auza, calificó de política la medida de presión y anunció controles para identificar y sancionar con descuentos a quienes no acudan a sus fuentes de trabajo.
Los médicos, liderados por el excandidato Luis Larrea, están convocados a paralizar actividades en los diferentes nosocomios del sector público y de la seguridad social, excepto los servicios de emergencia. La dirigencia de la Caja Nacional de Salud (CNS), el mayor ente asegurador de Bolivia, anunció que acatará la medida de presión.
Auza reveló que los médicos para sumarse a las protestas aducen que se acogerán a días de vacación o marcan su ingreso y luego abandona la fuente de trabajo, por lo que anunció que personal del Ministerio de Salud realizará controles para identificar y sancionar a los que pretendan burlar el control para acatar el paro.
“Qué fácil es suspender los servicios públicos de salud y mantener su trabajo en las clínicas privadas”, cuestionó a la dirigencia de los galenos y advirtió que se aplicará descuentos por día no trabajado y otras sanciones.
Entre las demandas de los galenos está la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria, que entre otros aspectos regula los precios que cobran las clínicas privadas y el precio de los medicamentos, además prohíbe suspender los servicios de salud. Actualmente en Bolivia rige una declaratoria de emergencia por el COVID-19, que está en puertas de una quinta ola.
Además exigen más ítems y otras demandas. Auza aseguró que la dirigencia cambió el contenido de su pliego en tres oportunidades.
Auza anunció que se habilitará una página para que los profesionales de la salud postulen a cargos en el sector público y ocupen aquellos que queden vacantes por aplicación de la ley en este paro de 48 horas.
Los galenos ya cumplieron un paro de 24 horas e instalaron un diálogo con autoridades del Gobierno sin llegar a acuerdos hasta el momento. Según el Gobierno, esa medida no fue acatada por más del 90% de los profesionales en salud.
