Detención domiciliaria, arraigo y el pago de una fianza, entre otros, son las medidas que pedirá la Fiscalía para el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, quien fue imputado por el caso ambulancias. La audiencia cautelar está prevista para el jueves.
En el documento de imputación, la Fiscalía argumenta su solicitud debido a que existe peligro de fuga y obstaculización al proceso, además detalla que piden que Mamani se presente ante el Ministerio Público una vez a la semana y que se le prohíba comunicarse con determinadas personas.
“Su domicilio real sería en el municipio de Tahua, empero, se sabe que por la función que cumple de Gobernador de Potosí, el mismo tendría que contar con un domicilio que reúna las condiciones de habitualidad y habitabilidad en la ciudad de Potosí”, señala parte del documento de imputación de la Fiscalía.
En contra del gobernador Mamani pesan seis delitos: falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, uso indebido de influencias y uso de instrumento falsificado.
También fueron imputados Rubén Moisés Miranda, Luis René Loayza, Elegido Peñaranda, Ramiro Choque y Jorge Velarde, colaboradores de la autoridad.
“El gobernador Jhonny Mamani, el secretario jurídico y una decena de personas han sido imputados por el Ministerio Público en el caso de las 41 ambulancias. La audiencia de medidas cautelares está fijada para el 4 de agosto, a las 10.00, en el Juzgado Cautelar Segundo en lo Penal”, informó el asambleísta departamental, Jaime Osvaldo Flores.
El asambleísta potosino, quien presentó la denuncia hace un par de meses, expresó su satisfacción por esta determinación judicial, en el entendido de que fue “una larga lucha jurídica, después de haber tenido constancia”.
Las investigaciones dan cuenta de que la Gobernación de Potosí dispuso la adquisición de 41 ambulancias para ese departamento.
En ese marco, los vehículos llegaron hasta el puerto de Iquique, Chile, donde se constató que eran reacondicionados. El caso fue denunciado ante el Ministerio Público, aunque en primera instancia el gobernador Mamani deslindó toda responsabilidad.
Asimismo, se conoció que en diciembre de 2021 se pretendía pagar Bs 20,5 millones por este lote; no obstante, ante las denuncias, el contrato fue anulado.
En marzo de este año, un informe de la Procuraduría General del Estado estableció que “existen indicios evidentes de que pudiese existir responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)”.
Sin embargo, en ese entonces, Mamani descartó renunciar al cargo y aseguró que el informe de la Procuraduría solo tiene carácter de “recomendación”.
En el marco de este caso, la Fiscalía imputó a tres exfuncionarios del Servicio Departamental de Salud (Sedes), que eran parte de la comisión de calificación y recepción de las 41 ambulancias.
Entonces, el Gobernador no fue incluido en la acusación y Flores criticó la decisión de la Fiscalía, a la que acusó de tender un “manto de impunidad”.
