Tras cinco meses de estar recluida en la cárcel de Morros Blancos de Tarija, acusada por un asesinato que no existió, Carla Bravo obtuvo detención domiciliaria. La joven fue víctima de errores judiciales y la falta de objetividad en las investigaciones.
En 2021, Carla Bravo de 18 años de edad conoció a William Benítez de 25. Ambos iniciaron una relación sentimental y en enero de este año decidieron convivir. Sin embargo, con el pasar de los días, comenzaron los roces entre la pareja.
Una noche, a finales de febrero, Carla y William fueron a una discoteca donde compartieron bebidas alcohólicas. Al regresar a su habitación tuvieron una discusión que terminó en agresiones físicas entre ambos. Entonces, el hombre se fue de la casa y no retornó.
Pasaban los días y William no aparecía. Su familia reportó la desaparición en la Policía y responsabilizaron a la joven por el hecho, a quien denunciaron y poco después fue aprehendida.
Así, Carla Bravo fue imputada, primero, por el delito de trata y tráfico de personas y luego por asesinato, ya que en la habitación encontraron manchas de sangre. La Justicia determinó entonces la detención preventiva para la joven en la cárcel de Morros Blancos.
“La Fiscalía la imputó sin hacer ningún tipo de investigación, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) tampoco hizo la investigación correspondiente, solo tomaron como pruebas manchas de sangre encontradas por la madre de Benítez, ella dijo que desde la ventana vio que había manchas”, relató a LA RAZÓN la activista por los Derechos Humanos, Melania Torrico, quien realizó el seguimiento del caso y acompañó a la familia de Carla.
Dos meses después, William Benítez apareció y afirmó que había salido de Tarija porque temía por su vida, ya que la joven le había amenazado de muerte. Según Torrico, el hombre dijo que estaba en Camargo, luego en La Paz y finalmente en Santa Cruz, donde afirmó que trabajó en un negocio de comida rápida. Sin embargo, cuando se le pidió que presente las pruebas de descargo de que salió de esa ciudad no lo hizo.
“Al darse cuenta del error que cometieron, los administradores de justicia determinaron cambiar la tipificación del delito a homicidio en grado de tentativa y finalmente, al no encontrar elementos de convicción, volvieron a cambiar el tipo penal a violencia intrafamiliar”, explicó la activista.
Tras la aparición de Benítez, el 10 de junio, la Justicia determinó que Carla Bravo salga del penal de Morros Blancos para defenderse en libertad mientras avancen las investigaciones. Para ello, el vocal Erick Donoso tuvo que enviar tres cartas a la jueza Claudia Gamarra para que pueda dictar libertad para la joven; sin embargo, la administradora de justicia pedía dos garantes con Bs 20.000 cada uno.
“Era imposible conseguir dos garantes con ese monto de dinero, ya que la familia de Carla es de condición humilde. ¿Se dan cuenta de todo lo que ha vivido Carla? Se ha luchado más de cuatro meses para que esta joven pueda salir. Han vulnerado de forma total los derechos de una familia pobre, una familia humilde”, dijo Torrico.
Finalmente, en una audiencia realizada el miércoles, la jueza Rocío Lima otorgó la detención domiciliaria para Carla. La joven aún no obtuvo su libertad pura y simple, ya que continúan las investigaciones por las manchas de sangre halladas en la habitación donde convivía la pareja, a pesar de que un investigador de la Fiscalía afirmó que de las 14 manchas hemáticas, 11 son de Carla y las restantes tres son de William.
La activista afirmó que presentarán una demanda internacional en contra de la Policía, los administradores de justicia y contra la expareja de Carla por la vulneración de derechos de la joven quien estuvo encarcelada por un delito que nunca existió.
