Si bien debilitado, el último paro en Santa Cruz contra la postergación del Censo, ha develado una suerte de preodominio o sometimiento de ciertos grupos, “logias”, contra otros mayoritarios, que marca diferencias sociales claras en la región.
La conclusión fue planteada ayer en la transmisión digital Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, con la directora de este medio, Claudia Benavente, y sus colegas periodistas Grover Cardozo y Pablo Deheza.
En su columna ¿Está secuestrada Santa Cruz?, del 20 de agosto en La Razón, Cardozo había desafiado el debate, por su experiencia en el paro convocado por la Comisión Interinstitucional por el Censo. “Lo que observé en las calles y en los medios de comunicación dominantes en esos días, deja la triste sensación de que muchos cruceños están secuestrados en esta prometedora tierra”, escribió.
Deheza, periodista de este diario, consideró real la percepción. “La pugna de poder en Santa Cruz es entre quienes estaban antes y quienes llegaron después”, resumió su análisis.
En su criterio, existe una Santa Cruz “mucho más organizada” que la migrante, que está sustentada en un tejido social “fuerte y hegemónico”. Son una serie de instituciones que se imponen ante grupos mayoritarios “desorganizados” y sin fuerza política.
En el análisis de Deheza, ese poder regional “recurre al elemento discursivo del cruceñismo” como la única representante regional. Con eso logra anular a los migrantes, “que pueden ostentar una representación”.
“Hay un poder hegemónico que convence al sometido que está bien ser sometido”, dijo.
En opinión de Cardozo, “no se está trabajando en visibilizar la narturaleza de las migraciones”. Reconoció que en Santa Cruz hay gente culta y de visión interesante del país”, pero que “no está manejando a la sociedad”.
Pero “hay grupos que están sosteniendo y reproduciendo el poder en la región para beneficio propio”.
Así, criticó que el Comité pro Santa Cruz haya sido convertido en el “brazo político” de la alianza Creemos, del gobernador Luis Fernando Camacho.
También criticó que “desde el Estado no se trabaja en visibilizar las migraciones internas o externas” en aras de la integración.
La comisión interinstitucional está aún en apronte por conseguir que el Censo de Población y Vivienda sea en 2023, no en 2024.
