En la hacienda Las Tunitas, en Santa Cruz, el Ministerio de Trabajo realiza un proceso de reversión de tierras a favor de trabajadores guaraníes que durante décadas fueron sometidos a servidumbre y semiesclavitud, sin el reconocimiento de sus derechos laborales.
El jefe de la Unidad de Derechos Fundamentales (UDF), dependiente de esta cartera estatal, Gabriel Carranza, informó que se inició con una inspección en 2014 en la que se evidenció la vulneración de derechos de los trabajadores de la hacienda.
“La que evidenció la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores, explotación laboral y hasta trabajo forzoso (servidumbre). (Desde ese entonces) se inició una demanda por la vulneración de derechos laborales a la dueña”, informó.
Esta primera fase se extendió hasta 2015, cuando el Ministerio de Trabajo solicitó ante el Instituto de Reforma Agraria (INRA) la verificación de si en la hacienda Las Tunitas se cumple la función económica social.
A la vez, presentó una demanda por relaciones de servidumbre para que esas tierras sean revertidas en favor de los trabajadores guaraníes.
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A la fecha, y luego de un proceso de siete años, el INRA desarrolló en esa hacienda una audiencia de producción de pruebas para la causa.
De esta audiencia fueron notificados los ministerios de Trabajo, Justicia y Desarrollo Rural; los supuestos herederos de estas tierras; la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y autoridades indígenas.
En la reunión, Carranza narró la relación de los hechos detectados en 2014 y por lo que se interpuso una demanda ante el Juzgado Laboral de Camiri.
“Se determinó el pago de beneficios sociales por algo más de medio millón de bolivianos. La hacendada o empleadora de entonces se comprometió por escrito, hasta septiembre de ese año, cancelar la suma de Bs 578.892 a las y los trabajadores”, explicó.
Resaltó que como resultado de esta demanda se obtuvo una sentencia ejecutoriada en el Juzgado Laboral de Camiri, es decir, “que sí existió infracción a leyes sociales y explotación laboral”.
“Al no haberse cancelado esa suma, y debido a que los derechos de los trabajadores no prescriben y son irrenunciables, en cualquier momento se activa la demanda penal”, añadió.
Pero, además, subrayó que en 2015 el Ministerio de Trabajo presentó ante el INRA una denuncia por servidumbre y trabajo forzoso, y solicitó la verificación de la función económica social de la propiedad, la cual aún continúa en proceso.
Las Tunitas es una hacienda de más de 1.700 hectáreas situada en el municipio de Gutiérrez, en la provincia Cordillera de Santa Cruz.
Actualmente, 16 familias trabajan y viven en ese lugar en situación de abandono. “Las 70 personas, entre hombres, mujeres, ancianos, niños y niñas, viven en precarias chozas, no existe ganado alguno, no hay actividad agropecuaria”, se lee en una nota de prensa del Ministerio de Trabajo.
Los indígenas denuncian que los supuestos herederos los amenazan permanentemente con echarlos por la fuerza, algunos son golpeados e incluso les amenazan de muerte y con envenenar el agua que consumen.
“Tatarabuelos, abuelos, padres e hijos han trabajado en esas tierras siempre en condiciones de semiesclavitud. Ellos nacieron y murieron allí”, se resalta.
Ante esta denuncia y un caso similar en la comunidad Tacana II, el 8 de septiembre, el ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, anunció la creación de la Dirección General de Protección de Naciones y Pueblos Originarios mediante el Decreto Supremo 7493, con el fin de preservar los derechos de las comunidades rurales que viven en algún tipo de peligro.
Explicó que la nueva unidad estará dentro de la estructura del Viceministerio de Justicia Indígena Originaria, de su cartera de Estado, y participarán de ella los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Rural y Tierras, y Culturas.
