El exministro de Gobierno Arturo Murillo se declaró culpable de delitos de soborno y lavado de dinero en el caso de la compra de material antidisturbios durante el gobierno de Jeanine Áñez.
La información fue confirmada en conferencia de prensa por el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, quien explicó que, con su decisión, el otrora hombre fuerte del régimen transitorio solo esperará una sentencia.
“Al declararse culpable, recibiría una sanción de seis años. Murillo no va a ir a un juicio por jurados, sino va a ir a un juicio directamente, a una acusación por información, va a asumir su culpabilidad y le van a imponer una pena”, dijo el Procurador.
Murillo, que antes de que Áñez dejara el poder fugó de Bolivia, fue detenido a finales de mayo de 2021 en Estados Unidos, acusado de intento de lavado de dinero y sobornos, días después de que su jefe de gabinete, Sergio Méndez, sufriera la misma suerte.
LAVADO.
Detenido en una cárcel de Miami, se estableció que el exministro usó bancos estadounidenses para movilizar el dinero obtenido de un sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos en el gobierno interino de Áñez.
También fueron detenidos entonces y aceptaron la acusación Méndez, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld.
Estos cuatro cómplices de Murillo también se habían declarado culpables en septiembre de 2021.
Luis Berkman se declaró culpable de conspiración en lavado de dinero y soborno de funcionarios extranjeros, y su hijo Bryan, del delito de conspiración para defraudar. Ambos eran dueños de la firma comercial utilizada en la intermediación.
Méndez se declaró culpable de conspiración para lavado de dinero, blanqueo de activos y pago de sobornos a funcionarios extranjeros. Y Lichtenfeld, de conspiración para defraudación.
La investigación estadounidense determinó que la empresa de Bryan Berkman, Bravo Tactical Solutions (BTS), con sede en Florida, se adjudicó de forma directa la compra de gas lacrimógeno y otros equipos no letales por cerca de $us 5,6 millones.
FUNCIONARIO.
El sobreprecio alcanzó los $us 2,3 millones. Estos fondos fueron repartidos entre Murillo y sus cómplices, incluido en ellos un “funcionario” del Ministerio de Defensa que se presume fue el exministro Luis Fernando López, también prófugo.
Nada más al llegar al poder Áñez, su régimen dispuso la compra de material antidisturbios con el fin de contrarrestar la ola de protestas en el país.
Se presume que los pertrechos fueron usados en las masacres de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, y de Senkata, el 19, al amparo del Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre.
El saldo de la represión policial y militar fue una veintena de fallecidos y centenares de heridos a bala, lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de “masacres”.
