La investigación por las denuncias de matanzas de canes en el relleno sanitario de El Alto quedó estancada por las agresiones de un grupo de personas, que impidió que el personal asignado a la inspección ocular visite el lugar.
“El jueves se ha intentado realizar una inspección técnica ocular acerca del botadero de El Alto, pero lastimosamente el personal policial y la Fiscalía han sido agredidos por parte de comunarios, motivo por el cual han tenido que abandonar esta zona resguardando su integridad física”, informó a La Razón el director nacional de la Policía Forestal y Medio Ambiente (Pofoma), coronel Edwin Cárdenas.
El abogado de la parte denunciante y especialista en temas de biodiversidad, Rodrigo Herrera, ratificó que el día que se trasladaron al lugar para realizar la inspección fueron sorprendidos por comunarios, quienes sin dar razón rodearon al grupo para no permitir que se avance con la investigación.
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“Al menos 100 comunarios bastante agresivos empezaron a increpar e insultar a los denunciantes e inclusive empezaron a lanzar piedras y palos a los vehículos, hubo un momento de mucha tensión cuando el vehículo prácticamente se encontró acorralado”, dijo Herrera a La Razón.
Para el jurista, este ataque fue un intento de encubrir a las personas que tuvieron presunta participación en la muerte de cerca de 50 canes en el botadero.
“Lo que están tratando de hacer es evitar que se desarrollen todas las etapas procesales para la identificación de los responsables, sabemos que han participado de este macabro hecho muchas personas que forman parte de la comunidad, de los vecinos, entonces imagino que están pretendiendo ocultar la identidad de los responsables”, afirmó el abogado.
Herrera puntualizó que hasta la fecha el administrador de la empresa Colina, encargada del manejo del relleno sanitario, fue denunciado por el ilícito de biocidio, sin embargo, se identificó a otras siete personas para quienes se pedirá la ampliación de la investigación.
Respecto a una nueva inspección técnica ocular por parte de peritos de Pofoma y la Fiscalía, se espera la confirmación de una nueva fecha, en ese contexto se trabaja en estrategias para evitar obstaculizaciones, aseveró Cárdenas; por su parte, la defensa de los denunciantes señaló que solicitarán resguardo policial.
“Necesitamos por lo menos 50 policías que vayan a resguardar el acto judicial, porque en la anterior ocasión hemos sido agredidos por la turba, entonces esperamos que nos vaya mejor la siguiente oportunidad”.
La denuncia de la matanza de canes fue interpuesta en la gestión pasada por un particular, quien trabajó en el relleno sanitario de El Alto, sin embargo, al no hallar respuesta del Ministerio Público optó por viralizar las imágenes en redes sociales, lo que motivó a algunos activistas animalistas a sumarse a la denuncia.
De acuerdo con la Ley 700, el biocidio se sanciona con privación de libertad de dos a cinco años y una multa de 30 a 180 días, a quien mate con ensañamiento o con motivos fútiles a un animal.
La norma también establece que la sanción será agravada en un tercio de la pena máxima si se mata a más de un animal. En este caso se presume de la muerte de al menos 50 canes.
