Luego de una reunión con el Ministerio de Salud, pacientes renales de Santa Cruz determinaron suspender la huelga de hambre que habían instalado en exigencia de que se continúen su tratamiento en el centro Davosan.
La cartera estatal denunció que el centro suspendió el convenio de manera “unilateral”, empero, se comprometió a revisar si es posible darle continuidad.
“Dentro de las primeras determinaciones se ha establecido que se levantan las medidas de presión que fueron entabladas por los pacientes renales para que el Programa Nacional de Salud Renal pueda realizar consultas técnicas-administrativo-legales correspondientes sobre la posibilidad de continuar el convenio con Davosan”, indicó la responsable del Programa Nacional de Salud Renal, María Isabel Garrón.
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Al menos 40 pacientes renales instalaron una huelga de hambre en puertas del centro médico. Su pedido fue que puedan continuar allí sus tratamientos, dado que se había informado de su suspensión.
Salud informó que los tratamientos gratuitos estaban garantizados, pero que el Centro de Hemodiálisis Davosan había decisión de manera “unilateral” disolver el acuerdo, firmado en julio de 2022, para continuar brindando el tratamiento a los pacientes.
“La resolución o cesación del convenio con el Centro de Hemodiálisis Davosan y esta cartera de Estado fue una decisión ‘unilateral’ de Davosan. A la fecha, todas las obligaciones emergentes que tenía el Programa Nacional de Salud Renal, con el mismo, fueron cubiertas”, informó el ministerio, mediante un comunicado.
RENALES
Se pidió a los pacientes asistir a otros centros que también les brindaría el tratamiento gratuito; como el Hospital Universitario Martín Dockweiler, Centro de Nefrología y Diálisis, entre otros.
Sin embargo, los pacientes insistían en la continuidad en Davosan. Por lo que la tarde de este lunes representantes de Salud acudieron a Santa Cruz para reunirse con ellos. El acuerdo arribado compromete la revisión de posibilidades para seguir el acuerdo con este centro. Las respuestas se deben dar en 15 días.
“Seguramente, una vez tengamos la respuesta de la parte jurídica. En función a lo que esté enmarcado estrictamente en los procesos administrativo – legales se tomará una decisión”, dijo Garrón.
