Ante los recurrentes casos de violación de menores de edad en el país, la viceministra de Oportunidad de Igualdades, Nadia Cruz, aseguró que “la cultura de la denuncia” es “fundamental” para la protección de los derechos de los más vulnerables.
“Más allá de que tengamos una instancia municipal, tal vez en nuestro territorio muy débil, es importante la cultura de denuncia, es importante poder fortalecernos”, dijo en un conversatorio en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.
La autoridad hizo hincapié, sobre todo, en el entorno de la víctima, como los familiares, amigos y vecinos.
Fabiola Rojas, psicóloga de la Casa de la Mujer, en Santa Cruz, coincidió con Cruz y dijo que además de ejercer una cultura de la denuncia, es necesario evitar ser un “cómplice silencioso” de casos de violación.
Es importante que “la sociedad en general asuma un papel mucho más protagónico”, sobre todo en este tipo de hechos y en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
“Es importante que dejemos de ser cómplices; de juzgar a otras víctimas; también apoyemos y creamos en la palabra de muchas de ellas, que han tenido que tomar muchísima fuerza para denunciar”, insistió en el mismo Piedra Papel y Tinta.
Asimismo, resaltó que este activismo debe ser más contundente en casos de agresiones sexuales hacía los menores de edad, ya que no solamente se mella el cuerpo de la víctima, sino la dignidad de aquellos niños, niñas y adolescentes.
“Es importante que todos nos consolidemos en defensores de los derechos humanos. No podemos dejar que la violencia siga matando a las mujeres y que el feminicidio sea la noticia de todos los días”, alertó.
La Razón propuso el debate a raíz del caso de una niña de 13 años, con discapacidad intelectual, que fue violada por su padre en Chulumani y ahora cursa un embarazo de seis meses.
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Denuncia sobre el caso de violación
El hecho fue denunciado por un familiar de la víctima. El hombre fue capturado por la Policía en la tranca de Urujara, cuando pretendía ingresar a La Paz. Él se encuentra aprehendido en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Cruz lamentó que este caso sea uno más de los muchos que se han registrado en el país. “Ninguna niña debiera ser víctima de violación sexual, ninguna niña con discapacidad debiera estar en ese grado de fragilidad en el entorno comunal y familiar. Y lo más aberrante, ninguna niña debiera ser madre ni obligada a ser madre”, aseguró.
Ante esta premisa, reconoció que hay fallas en la sociedad e instituciones que deberían proteger a los menores de edad.
“En el caso de esta niña de Chulimani, sabiendo la discapacidad de la niña desde 2014, no se han activado procesos del sistema de protección”, dijo. También develó que tampoco poseía una certificación que avale el grado de discapacidad de la menor de edad.
Ante ello, aseguró que este caso “ha vuelto a develar una falta de coordinación entre las defensorías de la niñez y adolescencia de Chulumani, de El Alto y de La Paz. También una letanía en relación a la priorización de este tipo de casos”.
Vulneración
Rojas aseguró que el caso se cometió tres tipos de vulneraciones muy graves: la naturalización de la violación, el embarazo no deseado y la maternidad contra la voluntad de la niña.
Rojas resaltó que este tipo de casos debe alarmar a sociedad. Reportó que solo en solo 2021 la Casa de la Mujer ha registrado 39.747 embarazos en menores de edad y “que en promedio han existido 109 embarazos al día”.
En ese marco, develó que cuando una menor de edad resulta embarazada, pierde oportunidades de desarrollarse como profesional, también es más vulnerable a la violencia y a la pobreza.
