La pandemia ha traído consigo no solo la enfermedad del COVID- 19. El confinamiento en 2020 ha obligado el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y, con ello, incremento de modos de violencia.
A pesar de que en el país la violencia es considerada un delito y tiene sanciones penales, lastimosamente aún no hay leyes que cataloguen a la violencia cibernética o la ciberviolencia en el mismo ámbito de delitos.
La directora de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas del Ministerio de Justicia, Carola Arraya, señaló a La Razón que esto se debe a una negativa rotunda por parte de la sociedad. Recordó que no hace mucho se planteó por varios colectivos el “legislar las tecnologías de información y toda la información que se pueda dar dentro las redes sociales de internet”, pero que fue complicado avanzar.
CIBERVIOLENCIA.
“Esto ha generado una respuesta negativa de la sociedad, porque (con la legislación se) entiende que se le está limitando el derecho a la información, el derecho al uso de las tecnologías de información. Sin embargo, (pese a ello) tenemos que legislar debido a la gran cantidad de casos de violencia digital que se va registrando”, indicó.
Hoy en día, tras el uso consecuente de las nuevas tecnologías, la población ha ido introduciendo en su bagaje de conceptos el término de violencia digital o ciberviolencia; violencia en Internet.
Este año, el Ministerio de Educación está impulsando la actualización de los contenidos dentro de la malla curricular, la cual tratará este problema que día a día acecha más a niños y jóvenes.
En ese contexto, la representante del colectivo Ciberwarmis, mujeres ayudando mujeres, Jésica Velarde, explicó a este diario que por este término se entiende que “es aquella extensión que se da de la violencia a través del uso de dispositivos móviles y se da también en el espacio digital”.
Es decir, que puede ser acoso, hostigamiento, bullying, entre otros, a través del uso de mecanismos digitales como los celulares.
Por su parte, Arraya develó que la violencia digital se ha incrementado con el ingreso de la pandemia, ya que muchos sectores se vieron obligados a la interacción virtual a través del “uso de las plataformas digitales y de las TIC”. A su vez, esto se ha desencadenado en diferentes ámbitos de la sociedad y por distintos actores.
“La violencia digital ha sido empleada en las áreas laborales con el teletrabajo, las clases de colegio y de la universidad a través de la virtualidad incluso el esparcimiento como los juegos en línea, las plataformas digitales y las redes sociales”, explicó.
“Si bien había una curva ascendente en el uso de las tecnologías a nivel global, la pandemia marca un incremento definitivamente muy grande y, por supuesto, también ha generado nuevos cambios dentro de lo que significa la violencia y la comisión de delitos al interior del internet”, agregó.
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En este mismo ámbito, coincidió con Velarde en sentido de que este fenómeno “es una continuidad de la violencia de género; violencia contra niñas, adolescentes y mujeres”, y consideró que este sector es el más vulnerable ante este tipo de maltrato.
El jefe de fusión de información de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Miguel Palma, informó que este tipo de vulneración a los derechos humanos ha incrementado considerablemente en el país.
“Todos sabemos que por las redes sociales y los medios de comunicación se empezó a conocer este tema de la ciberviolencia y ciberbullying, y por ello las denuncias también se han incrementando en cada gestión”, informó.
En 2021, la FELCC ha recibido 200 reportes de violencia digital; en 2022, 250 personas, en su mayoría adolescentes, a través de sus padres o tutores, han denunciado ser víctimas de ciberviolencia. En este año, de enero hasta la segunda semana de febrero, se ha recibido 10 reportes.
“De estas 250 denuncias en 2022, algunos siguen hasta el final las denuncias del proceso y otros lo dejan”, dijo Palma a La Razón.
En relación al ciberacoso o ciberbullying, explicó que estos casos se ven más entre pares, y el grupo más incidente está entre los adolescentes y jóvenes.
Indicó que en muchos casos las víctimas han desistido de la denuncia a su victimario porque éste se entera que fue denunciado ante la fuerza del orden y en consecuencia decide parar con la violencia hacia el otro adolescente.
Por su parte, Velarde aclaró que el ciberbullying no es de índole sexual como el sexting sin consentimiento. Explicó que éste está más enfocado “en la ridiculización y la deserción escolar”, ya que se da más en espacios educativos; el colegio es en secundaria, incluso, en la universidad.
Sobre los casos de ciberviolencia, la falta de una ley que ampare a las víctimas ha generado indiferencia por parte de la sociedad e instancias en la atención temprana de los casos. “No hay una respuesta de ayuda, hay mucho descuido, diría yo, porque las víctimas han tenido que recurrir a varias instancias hasta llegar a nosotras”.
Atribuyó esto a la brecha digital que existe entre los operadores de justicia y las víctimas que consumen las nuevas tecnologías de la información.
Otro de los problemas que atraviesan las víctimas es el de probar ante la Justicia la ciberviolencia. “Si ya, el acoso en el espacio presencial es muy difícil de probar, cuando te amenazan en lo virtual, pero solo te amenazan. ¿Cómo pruebas eso?”, cuestionó.
Piden crear políticas preventivas acordes a la edad
La representante del colectivo Ciberwarmis Jésica Velarde resaltó que, para enfrentar la ciberviolencia y sus tipos, es necesario crear políticas preventivas que vayan de acorde a la edad.
“El Estado debe entender de que este derecho (a navegar libre por internet) no se va a cumplir por sí mismo y es porque no existen mecanismos de protección a las víctimas”, señaló.
Aclaró que los mecanismos de protección no solo deben encargarse de “prohibir” a hacer alguna actividad virtual. “No es decir: ‘no entres, no hagas’. Desde un enfoque prohibicionista, si no lo consideramos como derecho, vamos a estar prohibiendo”, dijo.
Resaltó que en esta gestión, en la actualización de los contenidos de la malla curricular escolar se hayan incluido los temas que se presentan más entre los estudiantes, tanto escolares como universitarios.
“Está bien que en la currícula se han incorporado tipos de violencia, temas digitales, redes sociales responsables. Pero a nosotros nos preocupa cómo un profesor que no accede al internet y que ni siquiera considera violencia al ciberbullying, va a enseñar esto”, cuestionó.
Ante ello, reconoció que hay grandes desafíos para el Estado en ofrecer un internet libre de violencia a los jóvenes.
Asimismo, indicó que se necesita una reforma al Código Penal, ya que éste es antiguo y “no responde a la nueva época”.
“¿Cómo sanciono, por ejemplo, ciertas conductas? ¿Cómo hago responsable a alguien que genera tanto daño en el espacio digital?, es bien complejo”, resaltó. “Es una actualización a la legislación urgente”.
