Mediante un pronunciamiento, el Colectivo de Mujeres Feministas Defensoras de los Derechos Humanos, a tiempo de repudiar los hechos de abusos sexuales que implican a sacerdotes en el país, exigió a la Iglesia Católica “ajustes institucionales”; para prevenir estos lamentables casos que tienen como víctimas a niños y adolescentes.
“En apego a sus principios, la iglesia católica debe proporcionar claras y definitivas muestras de ajustes institucionales, dirigidos a prevenir la repetición de esos delitos aberrantes y a transparentar sus procedimientos y su apego estricto a las normas y leyes bolivianas”, señala el pronunciamiento.
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El colectivo expresó su preocupación por los casos que han sido revelados en el país. Todo comenzó con la publicación del diario del fallecido sacerdote jesuita español, Alfonso Pedrajas; quien admitió en este al menos 85 violaciones en su paso por centros educativos.
Desde entonces, más denuncias han sido presentadas. Se sospecha de un encubrimiento por otros integrantes de la Iglesia Católica.
“Se trata de alrededor de 200 víctimas conocidas hasta hoy y más de 20 sacerdotes católicos que, desplegando su doble moral, abusaron de su superioridad física y poder religioso contra víctimas vulnerables. Ellos confiaron en el silencio y complicidad de la jerarquía eclesiástica. Estos hechos desgarran lo más profundo de nuestro sentir y reflejan una situación de crueldad e impunidad sostenida durante mucho tiempo; ante la que no podemos callar”, expresa el pronunciamiento.
IGLESIA CATÓLICA
Se expresó una necesidad de compromiso de esclarecimiento y reparación integral para las víctimas. Los desgarradores relatos suman y ameritan investigaciones de parte del Ministerio Público. En Tarija, ya un sacerdote se encuentra en la cárcel con detención preventiva acusado de delitos sexuales.
“El daño inmaterial (daño psicológico, físico, daño al proyecto de vida, daños colectivos o sociales) y el daño material (daño emergente, pérdida de ingresos o lucro cesante y pérdida del patrimonio familiar emergente de daños psicológicos) provocado por miembros de la iglesia católica es incalculable; por lo que exigimos celeridad, transparencia y la aplicación de los más altos estándares de justicia para las víctimas, en todo el proceso de investigación y sanción a los culpables y a sus encubridores”.
Para las víctimas, el colectivo pidió medidas de restitución, de indemnización, de rehabilitación; de satisfacción “que es la recuperación de la memoria y reconocimiento de responsabilidad, incluyendo medidas simbólicas de reparación”, y la garantía de no repetición.
Como ya otras instituciones han exigido; se pidió poner en el centro la garantía de los derechos de los niños y adolescentes que están en centros de acogida, colegios, institutos de formación técnica y universidades “regentados por las diferentes iglesias en nuestro país”.
Así, el colectivo, compuesto por mujeres comunicadoras sociales, abogadas, politólogas, y de otras profesiones, expresó su pedido para detener la impunidad.
