Luego del escándalo de pederastia que involucra a clérigos, surgen otras denuncias contra la Iglesia Católica. Esta vez por la apropiación de tierras comunitarias en la Chiquitanía.
La denuncia fue realizada por el alcalde de San Miguel de Velasco, Damián Dorado, quien sostuvo que las tierras entregadas hace años a la Iglesia Católica, para obras sociales, fueron utilizadas para negocios y que los sacerdotes inscribieron las propiedades a su nombre y, en otros casos, a nombre de “terceras personas».
En una entrevista en el programa Piedra Papel y Tinta de La Razón, el alcalde Dorado señaló que en la “subregión” de San Ignacio de Velasco existe una sede de la diócesis dirigida por el sacerdote Roberto Flock y su suplente, monseñor Carlos Esteter, que recibieron terrenos en gestiones municipales pasadas y que ahora están inscritos a nombre de terceros.
“Ellos ostentan demasiado dinero, demasiadas tierras. Son más de cinco propiedades, cientos de miles de cabezas de ganado. En su momento identificamos que tienen más de 100 movilidades, la mayoría de ellas (bienes) no tenían documentos, pero sabemos que las pusieron a nombre de terceras personas y eso es lo que nos preocupa”, denunció el alcalde.
Dorado relató que en su calidad de alcalde recuperó 32 hectáreas de terreno que fueron otorgadas a la Iglesia en calidad de usufructo; sin embargo, los operadores de la institución eclesial le iniciaron un proceso al alcalde quien estuvo a punto de ser encarcelado.
“El obispo Carlos Esteter estuvo a punto de meterme a la cárcel solo por haber recuperado 32 hectáreas de terreno de manos de la Iglesia. Me acusó por estelionato”, relató la autoridad edil.
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Explicó que el compromiso de la Iglesia era construir en los terrenos una lechería y la leche que debía producirse sería destinada a los enfermos y huérfanos, “pero nunca hubo lechería”.
Según el Alcalde, estos abusos se replican en otras regiones y citó a Pailón, San Matías, Puerto Quijarro, San José de Chiquitos, San Ignacio de Velasco, entre otros.
“Son como seis urbanizaciones, cuyos terrenos fueron entregados a la Iglesia para obras sociales, pero resulta que se convirtieron en negocio, porque ahora están a la venta”, denunció Dorado.
Estos hechos fueron denunciados a las autoridades competentes a nivel regional, departamental e incluso se envió una carta al papa Francisco, pero no hubo respuesta ni se dio curso a las acusaciones.
“Como autoridades hicimos la representación y denuncia. Hemos acudido a todos los niveles, incluso al mismo papa (Francisco) enviamos toda la documentación, pero no se hizo justicia”, dijo.
La autoridad edil señaló que, para recuperar los terrenos que son de propiedad municipal, los administradores de la Iglesia pidieron un millón de dólares.
“Nos quieren cobrar por terrenos que le pertenecen a la Alcaldía. Lo que estoy denunciando es apenas un indicador de que se han venido cometiendo abusos, excesos. Somos intimidados, somos víctimas de persecución, amenazas e intimidación por reclamar lo que nos pertenece”, señaló Dorado entrevistado por la directora de La Razón, Claudia Benavente.
En esa región también se investiga la violación a una niña de 10 años de edad por el párroco de la Iglesia de San Matías, Eulalio Poori, quien por el hecho fue enviado a prisión por 10 años, sin embargo, luego de tres años salió libre.
Este hecho ocurrió en 2020. La menor de edad fue abusada cuando acudía a cursos para prepararse para su primera comunión.
