El ministro Édgar Pary informó que el Ministerio de Educación formará parte de la Comisión de la Verdad que investigará los casos de abusos sexuales clericales contra de niñas, niños y adolescentes.
“Vamos a trabajar desde un punto de vista más jurídico. Como Ministerio de Educación, no podemos desconocer los hechos que han pasado y vamos a seguir el curso legal como corresponde. No nos podemos anticipar a resultados, vamos a ser parte de este trabajo y también verificaremos estas denuncias”, afirmó la autoridad en conferencia de prensa.
Luego de su tratamiento, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en grande y por unanimidad el proyecto de Ley de Lucha contra la Impunidad en Delitos Sexuales Contra Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes.
Entre otros aspectos, la norma dispone la creación de la Comisión de la Verdad para casos de abuso clericales en Bolivia.
La propuesta fue presentada por el Gobierno en medio de investigaciones sobre presuntos abusos sexuales que implican a religiosos.
Uno de los casos apunta al fallecido sacerdote jesuita español Alfonso Pedrajas, que en su diario confesó al menos 85 violaciones en su paso por centros educativos.
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El proyecto de ley amplía en hasta ocho años la pena carcelaria para el encubrimiento de estos crímenes. Esta figura actualmente no pasa de una sanción de dos años de reclusión. Otro de los aspectos destacados es la conformación de una Comisión de la Verdad para abordar los casos. También propone subir de 15 a 30 años la pena por la violación sexual de menores de edad.
COMISIÓN
La Comisión, que trabajará por 18 meses, estará conformada por los ministerios de la Presidencia, Justicia y Gobierno, además de los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente del Consejo de la Magistratura, el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional; el Fiscal General del Estado, el Procurador General del Estado y el Defensor del Pueblo.
Pary remarcó que el Ministerio de Educación revisará los acuerdos con las unidades educativas de convenio que son administradas por la Iglesia Católica en el país, siempre pensando en cuidar la integridad física y psicológica de las niñas, niños y jóvenes estudiantes.
Recordó que, en el ámbito educativo, todo delito que vaya en contra de los estudiantes tiene sanción establecida, según reglamentos, para todas las instituciones de enseñanza, sean estas privadas, de convenio y fiscales, siendo que no existe contemplación para quienes cometan delitos de cualquier índole.
