Luego de seis meses de estar encarcelada, Virginia E. Q. recobró su libertad por una acción de amparo constitucional presentada por la Defensoría del Pueblo. La mujer fue demandada por su exesposo por incumplimiento de asistencia familiar.
Había estado recluida en el Centro Penitenciario Villa Busch, en la ciudad de Cobija (Pando), junto a tres de sus cinco hijos menores de edad. Mientras que dos adolescentes fueron ingresadas a un centro de acogimiento.
Al conocer el hecho, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó una acción de amparo constitucional en favor de las adolescentes e hizo notar que el fallo judicial no contempló informes sobre la violencia psicológica que sufrieron las adolescentes por parte de su padre.
El viernes 23 de junio, la mujer junto a sus tres hijos salieron en libertad. “Estoy muy feliz y contenta de haber salido de este lugar, tenía que luchar por mis hijos y ahora me voy a reunir con ellos nuevamente”, exclamó la madre.
“Yo me quedé sorprendida cuando hubo la acción de amparo (constitucional); estoy muy contenta y agradecida con el Defensor del Pueblo (y su equipo), porque ellos movieron todo”, señaló Virginia, acompañada de sus tres hijos, al momento de abandonar el recinto penitenciario.
De acuerdo con la relación de los hechos, en un primer momento, Virginia había firmado un acuerdo de asistencia familiar a favor del padre de sus cinco hijos, bajo presión psicológica y en el tiempo en que estaban separados.
Luego volvieron a vivir juntos, pero una vez más se alejaron, y en esta ocasión los hijos no estaban bajo el cuidado del hombre y vivían junto a su madre.
ASISTENCIA
Cuando el monto de asistencia familiar ascendía los Bs 150.000, el exesposo logró la ejecución del mandamiento de apremio contra Virginia. El hecho ocurrió en Cobija.
El amparo constitucional presentado por el Defensor del Pueblo ante la Sala Constitucional de Pando dejó sin efecto un auto emitido por una autoridad jurisdiccional en materia familiar de Chuquisaca, el cual ordenaba el pago de la deuda de asistencia familiar.
“La Defensoría del Pueblo pudo demostrar que la autoridad jurisdiccional no escuchó la voz de los niños y adolescentes en este caso y no se tomó en cuenta el interés superior del niño niña y adolescente. Tampoco se tomó en cuenta la situación real de las niñas que se encontraban bajo el cuidado de su madre”, aclaró la coordinadora de la Delegación Defensorial Departamental de Pando, Cinthya Jordán Ramos.
En los próximos días, y producto de la acción defensorial, las otras dos hijas adolescentes de Virginia dejarán un centro de acogida y volverán a reunirse con su madre y sus hermanos.
