El Juzgado Segundo Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer de La Paz determinó la detención domiciliaria para los implicados en el consorcio que pretendieron favorecer a un funcionario de la Empresa Municipal de Asfalto y Vías (Emavías) acusado del robo de 93 turriles de cemento asfáltico.
La determinación del juez también establece que los sindicados del consorcio no tienen salida laboral. Esa medida fue apelada por la Fiscalía, porque considera que los imputados deben estar detenidos preventivos porque podrían influir en los testigos, destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de pruebas.
Lea también: Aprehenden a una fiscal acusada de tratar de favorecer a un investigado en el caso Emavías
“El juez, a pesar de haber acreditado la probabilidad de autoría y aceptar los riesgos procesales, resolvió la detención domiciliaria y otras medidas menos graves que la detención preventiva, por eso hemos apelado la decisión para que una Sala Penal resuelva”, dijo el Fiscal Departamental de La Paz, William Alave.
El miércoles se aprehendió a la Fiscal de Materia, Wendy S.G.L., el policía investigador Nelson S.C., los pasantes particulares de la Fiscal, Juan M.Q.R. y Claudia C.M.F., además de la abogada Claudia M.M.L., acusados de ser autores del delito de Consorcio.
En la audiencia cautelar que se desarrolló el viernes desde las 10.30 hasta las 21.30, la autoridad jurisdiccional también determinó las medidas de obligación de marcar biométrico cada lunes, arraigo en el territorio nacional, garantes con solvencia económica con Bs 50.000 y prohibición de tener contacto con personas específicas en el presente caso.
El Fiscal Anticorrupción, Cristian Copa, informó que durante la audiencia de medidas cautelares se fundamentó los elementos de etapa preliminar de la investigación como la declaración informativa del funcionario investigado en el caso Emavías, la declaración de testigos y otros documentos.
Según las investigaciones, los denunciados habrían pedido al funcionario de Emavías, Mauricio B.B. detenido preventivo, $us 3.000 para que no sea aprehendido en el caso, pero solo pagó Bs 15.000 a través de su abogada, con todos estos antecedentes la Fiscalía inició de oficio la investigación por el delito de Consorcio.
