Raúl Garáfulic Lehm, presidente del directorio de Página Siete y accionista mayoritario de la Compañía Editora Luna Llena SA, que editaba el periódico, adeuda $us 1,5 millones a más de 70 extrabajadores del desaparecido medio de comunicación por concepto de beneficios sociales.
En una conferencia de prensa, Álvaro Vásquez Orozco —abogado de un grupo de extrabajadores de Página Siete— anunció el inicio de una demanda laboral en contra de Garáfulic y de Carlos Saravia Durnik, representante legal de la Compañía Editora Luna Llena SA.
Según el profesional, son al menos seis procesos legales iniciados por otros extrabajadores del medio de comunicación en contra de Garáfulic y Saravia para que cumplan con el pago de beneficios sociales y sueldos devengados.
“La deuda social asciende a un millón y medio de dólares”, afirmó Vásquez, quien representa a una treintena de extrabajadores de Página Siete.
El 29 de junio, Raúl Garáfulic Lehm anunciaba al país y a sus trabajadores que había llegado el fin del camino de este medio de comunicación. Lo hizo en una carta publicada en la edición digital del periódico que se editaba en La Paz.
Afirmó que entre los principales factores del quiebre económico de Página Siete estuvo el bloqueo a la pauta publicitaria y el hostigamiento económico y judicial por parte del Gobierno, la crisis económica a partir de la pandemia de la COVID-19 y una fallida campaña de captación de suscriptores para la versión digital.
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Vásquez pidió apoyo al Ministerio Público, al Ministerio de Trabajo y al Viceministerio de Transparencia, donde Garáfulic tiene varios procesos, uno de ellos por enriquecimiento ilícito, para que intercedan en favor de los extrabajadores.
Baldwin Montero, exsubdirector de Página Siete, dijo que a los extrabajadores les llama la atención que tanto Garáfulic como Saravia estén fuera del país. Dijo que el primero salió en febrero y el segundo, en junio.
“Nos sentimos engañados” por el actuar de los responsables de la empresa, afirmó.
En declaraciones al diario digital Visor21, el abogado aclaró que el 6 julio, un primer grupo de extrabajadores presentó una demanda laboral, por medio de la cual se logró conocer que Garáfulic y Saravia, representantes legales desde la creación del impreso en abril de 2010, realizaron operaciones de diferente índole para el resguardo de sus bienes y luego salieron del país, el primero a Brasil hace más de 10 meses y el otro “de vacaciones” a Estados Unidos.
Pese a ello, se confirmó que ambos tienen varias propiedades registradas a su nombre, cuyo valor, desde un inicio, pudo cubrir con solvencia los beneficios sociales adeudados.
Pero lo que resultó más llamativo fue conocer que Garáfulic y Saravia no renovaron la matrícula de comercio en el Servicio Plurinacional de Registro y Comercio (Seprec), que feneció el 31 mayo; es decir, 29 días antes del cierre del periódico, hecho que sumado al presunto traspaso de sus propiedades genera la sospecha que existió una planificación para el cierre de Página Siete.
“Nos vemos en la necesidad de iniciar este proceso laboral con el fin de hacer respetar los derechos de trabajadores y periodistas de este prestigioso medio de comunicación, quienes piden lo justo, el pago de sus salarios y beneficios sociales”, dijo.
Y añadió: “Debemos recordar que hasta el día del repentino cierre de Página Siete 70 trabajadores continuaron con su labor diaria, pese a no percibir sueldos, en algunos casos hasta por siete meses, convencidos de que los ejecutivos cumplirían los compromisos que por varios meses sostuvieron, una reestructuración y el pago total de la deuda”.
