La Procuraduría General del Estado (PGE) informó este miércoles que 3.508.033 hectáreas fueron afectadas por los incendios en el país, según datos hasta el 13 de noviembre. Los incidentes se concentraron en cuatro departamentos.
En una conferencia de prensa, el subprocurador de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa de la PGE, Gustavo Medina, informó sobre los desastres.
“Los departamentos más afectados por los incendios han sido Beni, Santa cruz, La Paz y Cochabamba, con 2.895.000 hectáreas quemadas en su superficie”, detalló el funcionario.
Cabe aclarar que el resto de las hectáreas dañadas están distribuidas en los demás departamentos.
Según datos brindados por el Viceministerio de Defensa Civil, los municipios más afectados en el departamento de Beni fueron Rurrenabaque; San Borja, Baures y San Javier, que se declararon en desastre por los incendios. A su vez, Riberalta, San Javier, Santa Rosa y Cercado se declararon en emergencia.
Incendios
En el caso de Santa Cruz, las localidades más afectadas fueron San Ignacio, Concepción, Roboré; San Antonio de Lomerío, San Matías, Pailón, San Carlos y Puerto Suárez.
Mientras que en La Paz los municipios de Guanay, Palos Blancos, San Buenaventura, Caranavi, Teoponte y Mapiri, todos en el norte del departamento, sufrieron las consecuencias de las quemas.
En Cochabamba los incendios causaron daños en Chimoré, Entre Ríos, Puerto Villarroel, Villa Tunari y Shinahota.
Pero los datos expuestos por la oficina de defensa del Estado también muestran que el Ministerio de salud reportó la atención de 4.484 casos de personas que presentaron cuadros clínicos relacionados con los incendios.
“Se tiene la afectación a los derechos de la niñez y adolescencia de Bolivia por la suspensión temporal de la formación educativa en más de 2.200 unidades educativas, según el Ministerio de Educación”, agregó el subprocurador Medina.
En coincidencia con la ola de incendios en el país, varias regiones reportaron sequía; algunos departamentos como Potosí, incluso, se declararon en emergencia por la fala del líquido elemento.
Por eso, Medina lamentó que, en plena emergencia por esa carencia, los equipo que se ocuparon de apagar los incendios hayan tenido que usar más de un millón de litros de agua para sofocarlos.
“El Ministerio de Defensa ha tenido que usar más de 1.200.000 litros de agua para apagar 160 focos de calor, movilizando más de 5.600 bomberos forestales y siete helicópteros”, precisó.
Procesos
Además, el subprocurador señaló que se abrieron una serie de procesos administrativos y penales contra varias personas; por su presunta vinculación con el origen de los incendios.
“La ABT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra) ha iniciado 19 procesos penales y 251 procesos administrativos en 2023; sumados los procesos administrativos de 2022 se llegó a 561 procesos administrativos”, explicó.
Asimismo, informó que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua está como coadyuvante en 12 procesos penales en causas que tienen que ver con incendios.
Por su parte, la Procuraduría se apersonó a 13 procesos penales. El Tribunal Agroambiental tiene un caso, en el que aún falta determinar responsabilidad. “La Fiscalía General del Estado ha iniciado 84 investigaciones por delitos relacionados a los incendios”.
Lo llamativo de esos datos es que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solo tiene una sentencia por delitos vinculados a incendios, pero data de 2017.
