Pese a las campañas y operativos, la trata y tráfico de personas continúa como un delito que afecta al país. De acuerdo con los reportes del Ministerio Público, en 2023 se registró 1.359 casos de este crimen, así como los conexos.
“Al vivir en un mundo cada vez más interconectado, debemos ser conscientes de los riesgos que representan las plataformas en línea y estar alerta a las tácticas sofisticadas empleadas por los delincuentes y las organizaciones criminales para captar a las víctimas; para ello, es importante fomentar el diálogo en nuestros hogares para prevenir este flagelo que afecta, en su mayoría a los adolescentes y mujeres. Es por eso que en la gestión 2023 la Fiscalía General del Estado firmó acuerdos para recibir reportes cybertipline con la finalidad de investigar los casos que se adecuan a delitos conexos como la pornografía”, expresó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
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De los 1.359 hechos registrados por la Fiscalía, relacionados a delitos inmersos en la Ley 263 Contra la Trata y Tráfico de Personas, justamente el 73%, es decir, 989 casos corresponden a trata de personas; mientras que 226 fueron de pornografía; proxenetismo, 82; tráfico de personas, 45; y violencia sexual comercial, 17.
En cuanto a un análisis por departamentos, La Paz resulta el más afectado con 691 casos registrados el año pasado inmersos en la Ley 263; le sigue Santa Cruz con 241; Cochabamba, 189; Tarija, 91; Oruro, 59; Beni, 33; Chuquisaca, 28; Potosí, 23 y Pando 4.
Desde instancias nacionales como subnacionales, campañas y operativos se realizan para evitar este tipo de delitos. Las cifras, lamentablemente, muestran que aún hay trabajo por hacer para erradicar estos crímenes, que marcan la vida de sus víctimas; entre el 2022 y 2023 se observa un incremento de casos.
Los datos del Ministerio Público identificaron 1.105 de estos delitos en 2022, mientras que la pasada gestión esta cifra subió a 1.359, lo que representa 254 casos más. “Esta realidad requiere nuestra atención colectiva y el compromiso de todas las autoridades competentes para prevenir, detectar y combatir este crimen que afecta la integridad y la dignidad de los más vulnerables de nuestra sociedad; como también aunar esfuerzos para enfrentar a las organizaciones criminales que están sentando presencia en nuestro país”, aseveró Lanchipa.
