Más de 50 instituciones que conforman la Alianza Nacional por los Niños, Niñas y Adolescentes Huérfanos de Feminicidio gestionan ante la Asamblea Legislativa Plurinacional una ley para la atención de huérfanos que dejaron las mujeres que fueron asesinadas.
El pasado miércoles, los miembros de esta institución tuvieron la primera reunión con la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea. Allí se abordaron varios aspectos sobre la propuesta.
Los acápites más importantes del proyecto de norma son: brindarles a estos niños, niñas y adolescentes un bono o pensión económica. También alimentación, terapia psicológica y acceso a la salud, a unidades educativas y universidades y becas de estudio, entre otros.
Mercedes Cortez, representante de la Fundación Voces Libres, institución que es parte de la Alianza Nacional por los Huérfanos de Feminicidio, observó que en 11 años de haberse incluido en el Código Penal el delito de feminicidio, no se cuenta con un registro oficial de huérfanos. Tampoco se conoce qué futuro tuvieron esos niños, niñas y adolescentes.
“No se considera que detrás de cada mujer asesinada hay niños que han quedado en la orfandad y no sabemos cómo están. Es tan grande el abandono del Estado que, a casi 11 años de haberse incluido el delito de feminicidio en el Código Penal boliviano, hasta la fecha no existe un registro oficial de estos huérfanos «, lamentó.
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HUÉRFANOS
De acuerdo con datos de Voces Libres, se calcula que desde que entró en vigencia la Ley 348, en 2013, más de 1.000 niños y adolescentes quedaron huérfanos en el país, tras el feminicidio de sus madres.
Cortez resaltó que la mayoría de estos menores no solo quedaron con traumas por haber perdido a sus madres, también fueron testigos de esos crímenes. Asimismo son testigos de las sentencias que dictó la Justicia en contra de sus padres o padrastros, por lo que requerían atención integral.
La Alianza por los Huérfanos de Feminicidio aglutina a 57 instituciones y organizaciones que decidieron unir fuerzas para visibilizar a estas generaciones e impulsar una ley que garantice el cumplimiento de sus derechos y una atención integral de todas sus necesidades.
La próxima reunión para avanzar con la propuesta de ley está prevista para el 1 de marzo.
